Con expresiones de tristeza y amargura. Así, las víctimas y familiares de la Guerra del Gas de octubre de 2003, recuerdan un año más los hechos luctuosos que cobró la vida de más de 70 personas y dejó heridas a otras 400.
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Militares en la ciudad de El Alto, Octubre de 2003 (foto Erbol)
La lucha de octubre estableció el cumplimiento de la agenda de octubre prohibió la venta de gas a Chile y EEUU; pidió la nacionalización e industrialización del gas y el petróleo; la convocatoria a la Asamblea Constituyente para una nueva Carta Magna en el país; la derogación de las leyes INRA y 1008; la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada de EEUU a Bolivia; la anulación de la ley de seguridad ciudadana que perseguía a los dirigentes, entre otros.
Roberto de la Cruz, exdirigente de la Central Obrera alteña en 2003, recuerda a octubre negro con mucha preocupación porque en su criterio no se cumplió la agenda de 2003.
Pese a haber encabezado la lucha en defensa de los recursos naturales, El Alto siente el vacío y la desatención de quienes en su momento les ofrecieron mejores días. Si bien, el Gobierno intenta retribuir la lucha de los alteños con obras, son los heridos y los familiares quienes quedaron en el olvido, asegura el representante de la Asociación de las Victimas de Octubre de 2003, Juan Quispe.
“Son los familiares, nosotros mismos quienes hemos encabezado las luchas de octubre de 2003, pero lamentablemente hemos quedado completamente desprotegidos por parte del Gobierno que en su momento ofreció fuentes laborales y colaboración para viudas y huérfanos. Han pasado 15 años y estamos aquí, sin trabajo y con responsabilidades que debemos asumir con nuestros hijos”, expresó Quispe.
Hace un año, Luis Villca Gavincha, quien recibió un impacto de bala en su cabeza en octubre de 2003, falleció en medio de la miseria y a la falta de atención. Sus compañeros lo recuerdan porque él encabezaba las marchas y movilizaciones de estos días.
Como Villca, otros heridos de octubre deben enfrentar solos las secuelas de sus enfermedades, como consecuencia de la pérdida de algunos miembros, o el debilitamiento de los sentidos. Los sucesos de octubre causaron el quiebre de su estructura familiar, quedándose a vivir solos, aislados, consumidos por las bebidas alcohólicas o sus dolencias.
Al respecto, la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Mireya Montaño explicó que sostendrá reuniones con la asociación de víctimas para escuchar sus demandas y en la medida de las posibilidades, cumplir con algunas.
“El Gobierno está dando apoyo en todo sentido. En el tema laboral, vamos a sostener reuniones con ellos para ver las posibilidades que hay, sin embargo debe atender este tema el Ministerio de Trabajo”, dijo Montaño.
Los familiares de las víctimas de la masacre iniciaron un juicio contra las autoridades por las muertes del 2003. En primera instancia, el jurado de la Corte de Florida había determinado que Goni es culpable y le conminó a pagar 10 millones de dólares a los familiares de las víctimas. Sin embargo, días después el juez James Cohn revirtió la decisión y sentenció que no hubo responsabilidad del expresidente en el caso.
“Ahora las dos ex autoridades nos exigen un resarcimiento de daños por el juicio civil que hemos llevado a cabo, estamos realmente indignados”, expresó Quispe.
