La Paz, 21 de abril (Urgentebo).- En días pasados se dio a conocer un dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por la vulneración de los derechos políticos de los exlegisladores Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado. El abogado constitucionalista Carlos Bort si el Estado no cumple el dictamen, será objeto de censura internacional y retrocedería a un nivel de mayor desprestigio del que tenemos hoy en día frente a los organismos internacionales, recomienda al Estado boliviano cumplir con ambas determinaciones y adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento.
El texto señala que “El Estado parte también tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, incluido asegurando que el marco normativo regulador del proceso electoral y la aplicación del mismo sean acordes con el artículo 25 del Pacto”.
Según explica el abogado constitucionalista Carlos Borth, la Comisión de Derechos Humanos adopta dos decisiones:
1.- El Estado Plurinacional de Bolivia tiene la obligación de ofrecer una compensación adecuada por los actos ocasionados a ambos ex candidatos cuyos derechos fueron violados, pero no señala el monto ni la vía para fijar tal compensación.
2.- El Estado debe adoptar medidas necesarias para evitar que estas violaciones se repitan en un futuro debiendo garantizar el respeto al art. 25 del Pacto Nacional de Derechos Civiles y Políticos.
Además el dictamen establece que el Estado debe presentar al Comité de Derechos Humanos en un plazo de 180 días sobre el cumplimiento de estas dos determinaciones en el dicho documento.
El dictamen es de cumplimiento obligatorio porque Bolivia es suscriptor del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es el documento que rige el funcionamiento del Comité de Derechos Humanos, instancia que resolvió en favor de Rebeca Delgado y Maldonado, aseguró Borth.
“Lo que tienen que hacer Rebeca Delgado y Maldonado en ejecución de este dictamen, plantearle a la Procuraduría que es la que representa en estos juicios al Estado Boliviano, el resarcimiento de los gastos ocasionados en su representación nacional como internacional, exigir la liquidación y reclamar la adopción de medidas a futuro”, señaló el abogado constitucionalista.
El Ministro de Justicia, Héctor Arce, en pasados días aseguró, que el dictamen de la ONU no tiene efecto vinculante con los dos órganos del Estado. “Éste no es un tema que sea vinculada para el órgano Ejecutivo ni para el órgano Legislativo. (…) Por lo que conozco, es un tema que vincula por una circular o por una resolución al anterior Órgano Electoral, y al anterior Tribunal Constitucional por una supuesta dilación de la tramitación de un recurso, es todo lo que puedo decir del recurso”, aseveró.
Al respecto Carlos Borth asegura que el dictamen de las Naciones Unidas a través de su Comité, no se refiere a ninguna entidad en particular sino al Estado boliviano. “es bueno que Arce haya abierto la boca porque él en su condición de Procurador General del Estado fue quien asumió la defensa ante el Comité de Derechos Humanos mientras fungía en el cargo”, aseguró Bort.
Recordemos que los exlegisladores Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado en las pasadas elecciones subnacionales, fueron inhabilitados con base en la Circular 71/2014, emitida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que establecía que los asambleístas nacionales (senadores y diputados) del periodo legislativo 2010-2015 no podrían postularse a varios cargos municipales y regionales, incluidos los de alcaldes.
Sin embargo, asegura Borth, la misma circular eximia de la inhabilitación a candidatos a gobernadores para no afectar la candidatura de Víctor Hugo Vásquez quien actualmente es gobernador de Oruro por el MAS y Juan Carlos Cejas que es gobernador de Potosí también por el partido oficialista.
“Esta circular establecía que los asambleístas nacionales no pueden ser candidatos a alcaldes ni a concejales municipales porque no han tenido el domicilio en los últimos dos años en su circunscripción, en cambio si podían ser candidatos a gobernadores porque no tenían la cercanía como en el caso de los alcaldes, eso fue una cosa tan jalada de los cabellos e hicieron eso porque tenían a dos sujetos, el actual gobernador de Oruro y el actual gobernador de Potosí , quien estaba en la misma condición de asambleísta que Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado y el actual gobernador de Oruro en ese entonces era Viceministro de Desarrollo Rural, es decir, estuvo como 6 o 7 años fuera de Oruro y fue habilitado”, aseguró Carlos Bort.
Por su parte el procurador General del Estado Pablo Menacho se limitó a señalar que las modalidades de cumplimiento del dictamen serán analizadas aún todavía.
