Coyuntura
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El pasado fin de semana se hicieron públicos unos videos, en la cual Juan Carlos H. V. uno de los catedráticos de la universidad pública de Santa Cruz, se refirió a una joven como “collas de mierda, ladrones, delincuentes y corruptos”.
Elisabeth Verastegui, presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Ropa y Prendería a Medio Uso, explicó que en La Paz hay 450 centros de abasto de la mercadería, en Santa Cruz 450, en Oruro 25, en Cochabamab 75; en Beni 12, en Pando 9 .Y en Potosí, Tarija y Sucre 15.
En marzo circuló en las redes sociales un video en el que una mujer, sentada en un bus de transporte público, insulta a otra por vestir pollera, lo que causó la indignación de la población y la intervención de las autoridades.
El lunes 26 de marzo, el presidente de la Fejuve llevó adelante el segundo proceso de recolección. Tras la impugnación de la primera fase, por parte de funcionarios ediles.
El 14 de febrero el Tribunal Electoral Departamental (TED) aprobó la solicitud para iniciar con el proceso de revocatoria para el parlamentario disidente de Unidad Demócrata (UD), Víctor Gutiérrez.
"Manifiesto mi acuerdo y disposición de colaborar con todas las investigaciones conducentes a establecer la verdad sobre supuestas actividades ilícitas en la contratación y ejecución de obras por firmas constructoras brasileñas en Bolivia", escribió en su cuenta en Twitter.
La Agencia Boliviana Espacial, es una de las empresas públicas estatales más rentables, entre 2016 y 2017 aportó al Bono Juancito Pinto con Bs. 67 millones.
El 29 de marzo, dos diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS), Freddy Vargas y Aniceto Choque, abrieron la posibilidad de incluir en la Ley del Contrabando un artículo que legalice la prendería usada como lo pide la Comisión Nacional de Defensa de la Ropa y Prendería a Medio Uso.
Hoy el presidente del Estado Evo Morales solicitó a la ALP conformar una Comisión Mixta (oficialismo y oposición), para investigar a ex autoridades que tengan algún vínculo con la empresa brasileña Odebrecht.
“Ambos contratos contaban con el 80% del financiamiento del PROEX, pero no del 20% de aporte local, por lo que incluimos una cláusula de condición suspensiva, es decir que no podían ejecutarse y los trabajos no podían empezar, hasta que el Estado obtuviera esos recursos y depositara la garantía respectiva”, explicó Carlos Mesa.
