Coyuntura
Según el veredicto del jurado, los familiares de los ocho ciudadanos que murieron, entre muchos otros, en los sucesos de septiembre y octubre de 2003, deben recibir un resarcimiento económico.
El juez ha dicho que el juicio sigue abierto. "Este es un hecho monumental e histórico para el respeto de los derechos humanos en todo el mundo", dijo Judith Chomsky, una de las abogadas de la demanda.
Luego de un mes de deliberaciones el jurado civil compuesto por 10 miembros, con mayoría étnica blanca, encontró como culpables por Ejecuciones en Masa a Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzain, y en mayo próximo el juez podrá hacer publica ciertas objeciones al caso, que no pueden ni deberán cambiar la sentencia de final que todo el mundo ya sabe, dijo Jen Hessel.
"Se ha determinado que se suspenda la dictación de clases y que reemplace un profesor de la misma facultad, para no perjudicar a los alumnos, mientras se tenga los informes correspondientes y determine el Consejo Facultativo la suspensión o el procesamiento del profesor", dijo en una entrevista con Unitel.
La tarde del 3 de marzo del 2018, el Jurado del Juicio Civil hallo culpables al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez Berzaín por los hechos cometidos en octubre del 2003. Deben resarcir $us 10 millones a las familias de las víctimas.
En horas de la tarde el tribunal del juicio civil en contra de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, declaró a estas dos ex autoridades de gobierno responsables de la muerte de 68 personas, en los hechos acontecidos en la denominada “guerra del gas”.
“Hemos programado una actualización, pero nosotros en este momento no sabemos cuándo el juez va a dar su decisión final. Van haber actualizaciones antes del 4 de mayo, pero en términos de cuándo es que la Corte va a determinar a su última decisión nosotros todavía no lo sabemos”, manifestó la defensa de los bolivianos.
Hoy en la tarde el jurado de la Corte de Fort Lauderdale declaró a Sánchez de Lozada y Berzaín responsables de los hechos ocurridos en octubre del 2003. Los mismo deberán pagar la suma de $us 10 millones a los familiares de la víctimas.
Este martes se conoció el informe de admisibilidad aprobado por la CIDH el 24 de febrero de 2018, cuya decisión fue notificada al Estado boliviano a inicios de marzo.
A través de un comunicado, los juristas que defendieron a ambas exautoridades en un juicio civil instaurado en los Estados Unidos emitieron un comunicado donde rechazan la decisión del jurado de la Corte de Fort Lauderdale que los declaró culpables por los hechos de octubre del 2003, aunque falta el fallo del juez James Cohn.
