Coyuntura
El domingo, la comisión técnica del gobierno y la UPEA abandonaron el diálogo, tras que los alteños piden que si o si se modifique la Ley 195 y demandan más de Bs 600 millones para los próximos 10 años.
“(Lancé) mi precandidatura, porque las candidaturas recién se van a definir el próximo año, cuando empiece el proceso electoral”, afirmó el abogado Carlos Alarcón.
Según un comunicado del Ministerio de Defensa, el boliviano sí prestó “servicio militar en el primer escalón en categoría 2015, como todo ciudadano boliviano en cumplimiento al mandato constitucional”.
El mayor porcentaje de denuncias se suscitaron en las instituciones públicas, en relación a las instituciones privadas. Los sitios frecuentes son colegios.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, explicó que la dirigencia de la UPEA pide un incremento de 0.35% a 2% de coparticipación tributaria, equivalente a 600 millones de bolivianos, que significan el 40% del 5% de coparticipación tributaria de los recursos que reciben en conjunto todas las universidades del país. Una modificación de la Ley afectaría al presupuesto de salud, educación, rentas, alcaldías y también universidades.
"Nos organizaremos para radicalizar nuestras medidas. Informar a nuestras bases que al viceministro Jaime Durán poco o nada le interesa nuestros ocho piquetes de huelga de hambre, quiere dilatar (nuestra demanda) hasta la próxima semana, hasta la vuelta del presidente (Evo Morales)”, dijo uno de los delegados al salir de la reunión.
El ministro del Interior, Matteo Salvini, exige a Malta que permita a la nave desembarcar en la isla
Jiménez adelantó que tomarán acciones contra la autoridad judicial y al mismo tiempo pedirán que las dos causas sigan su curso por separado, porque el caso Mochilas II es “más grave” que el otro.
