Las denuncias de corrupción caen nuevamente sobre la estatal YPFB, en esta oportunidad sobre la subsidiaria YPFB Refinación. El viceministro de Transparencia, Yamil García Delfín, informó que en los últimos 20 días recibió 60 denuncias contra esta empresa por un presunto daño económico de más de Bs 788 millones al Estado, relacionado con la suscripción y ejecución de contratos para la provisión de materia prima destinada a la producción de biodiésel.
La investigación radica que los contratos alcanzaron en conjunto 1.058,4 millones de bolivianos y que YPFB Refinación desemolsó 788,6 millones de bolivianos en anticipos, cerca del 75% del monto total. La investigación apunta ahora a una cadena de decisiones administrativas y contractuales que habría facilitado la entrega de esos recursos y dificultado posteriormente su recuperación.
“En menos de una semana”, sostuvo García durante su conferencia, se configuraron las condiciones para entregar millonarios recursos sin contar con garantías que permitieran recuperarlos ante un eventual incumplimiento.
Según García, el directorio cambió las reglas antes de la adjudicación de los contratos y estableció excepciones para los proveedores de aceite crudo de soya. De esa manera, dejaron de exigirse las garantías de correcta inversión del anticipo y de cumplimiento de contrato.
El 2 de abril de 2024, el directorio trató tres puntos: modificar el reglamento de garantías, incrementar el presupuesto de YPFB y autorizar el inicio del proceso de contratación. Tres días después se comunicó la adjudicación.
De acuerdo con la documentación analizada, el monto del daño económico consolidado asciende a Bs 871.573.979,35. La investigación establece presuntas irregularidades en decisiones administrativas y contractuales que derivaron en el desembolso de millonarios anticipos y, posteriormente, en la falta de recuperación de esos recursos.
“Estamos recibiendo aproximadamente una denuncia cada ocho horas relacionada con YPFB. Hemos decidido investigar este caso porque estamos hablando de un presunto daño económico que supera los Bs 870 millones. Nuestra responsabilidad es investigar estos hechos, establecer qué ocurrió y coadyuvar para que los recursos del Estado puedan ser recuperados”, afirmó García.
El caso se origina en dos contratos suscritos entre YPFB Refinación S.A. y la empresa Agroindustrial del Este – Indueste S.R.L., destinados a la provisión de materia prima para la Planta de Biodiésel, por un monto de Bs 1.058,4 millones para ambos contratos.
De este total, se desembolsaron Bs 788,6 millones en anticipos, equivalentes aproximadamente al 75% del valor total.
¿Cómo se produjo el presunto daño?
La investigación identifica una serie de decisiones intencionales, que de manera sucesiva, habrían generado las condiciones para la afectación al patrimonio público.
Entre ellas se encuentra la modificación del Reglamento de Garantías de YPFB Refinación, que flexibilizó las condiciones exigidas para respaldar determinadas operaciones contractuales, incluyendo aquellas relacionadas con la provisión de materia prima para biocombustibles.
Posteriormente, se suscribieron los contratos y se efectuaron los desembolsos millonarios. Sin embargo, la empresa contratista incumplió las obligaciones asumidas y posteriormente solicitó modificaciones de las condiciones contractuales.
El 1 de abril de 2025 se suscribió la terminación por mutuo acuerdo de uno de los contratos, estableciéndose la obligación de devolver Bs 336.478.577,87 Uno de los aspectos observados por la investigación está relacionado con las garantías presentadas para respaldar la devolución de los recursos. La empresa ofreció como respaldo predios agrícolas que, presentarían restricciones legales para su embargo y ejecución.
En consecuencia, el caso evidencia una cadena de decisiones que comprende la modificación de las condiciones de garantía, la suscripción de contratos millonarios, el desembolso de anticipos, el incumplimiento contractual y dificultades para recuperar los recursos públicos.
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