Es importante saber lo que la gente opina del gobierno, pero lo es aún más conocer lo que siente respecto al futuro del país. Después de unos pocos meses en los que parecía haberse instalado una renovada esperanza y se creía que las cosas podían ser distintas y mejores de como las había dejado la administración anterior, hoy, lamentablemente, no se advierten señales claras de cambio, sobre todo en aquellos temas que afectan de manera directa la vida cotidiana de los ciudadanos.
La evaluación de un gobierno suele construirse a partir de las cosas más simples. La gente no juzga la gestión por el nivel de la deuda externa, el crecimiento del PIB o la cantidad de embajadores designados para el servicio exterior. Son asuntos importantes, sin duda, pero rara vez forman parte de la conversación diaria. Lo que pesa es aquello que se experimenta todos los días.
El abastecimiento de combustibles continúa siendo un dolor de cabeza para la población. Las largas filas en los surtidores ya forman parte del paisaje y esperar durante horas dentro del vehículo a que lleguen las cisternas con diésel o gasolina se ha convertido en una penosa rutina.
También irrita comprobar que el precio de los productos de la canasta básica cambia de un día para otro y siempre hacia arriba. El dinero alcanza para menos y nadie sabe cuánto costarán las cosas mañana.
Para unos, la incertidumbre consiste en preguntarse si todavía podrán comprar una casa o un automóvil. Para otros, en no saber si la empresa donde trabajan seguirá abierta la próxima semana. Y para muchos más, en ver cómo los ahorros en bolivianos pierden valor aceleradamente.
Si, por ejemplo, un jubilado recibía 1.500 bolivianos mensuales, equivalentes a poco más de 200 dólares en los buenos tiempos, hoy, al nuevo tipo de cambio, ese ingreso representa cerca de la mitad. Con menos poder adquisitivo y precios cada vez más altos, no resulta difícil encontrar al responsable.
Quienes hace algunos años lograron acercarse a la clase media, con mayores ingresos y mejores expectativas, hoy ven cómo sus proyectos de bienestar se desvanecen y hacen esfuerzos cada vez mayores para no caer. Siempre es posible vivir con menos, pero quien ha conocido el ascenso sabe que aceptar el descenso resulta mucho más difícil.
Al ciudadano común poco le importa si los gobernantes provienen de nobles o de gitanos. No tiene tiempo para detenerse en esas frivolidades cuando sus preocupaciones pasan por conseguir medicamentos para el abuelo o reemplazar los zapatos gastados del hijo menor.
Lo que genera frustración es que los gobiernos, más allá de sus ideologías, parezcan incapaces de comprender esas urgencias y continúen hablando el desgastado idioma de las promesas, un lenguaje que cada vez menos personas están dispuestas a escuchar.
No sorprende, entonces, que el coro de la protesta sea cada vez más amplio y que la paciencia se convierta en una moneda cada vez más delgada de tanto estirarla para que alcance. Mucho más cuando existe la percepción de que unos pocos se benefician del esfuerzo de todos y acumulan privilegios con el mínimo esfuerzo.
La corrupción también ha vuelto al centro de la conversación pública. Es una palabra sencilla, que todos entienden. El corrupto es, simplemente, un ladrón. Y provoca indignación que esos ladrones no solo permanezcan libres, sino que, en ocasiones, continúen moviéndose con absoluta comodidad por las oficinas públicas.
No tiene sentido reprocharle al ciudadano su impaciencia. La gente sabe esperar, pero también sabe cuándo se agota la paciencia. La desaprobación que hoy recibe la gestión no expresa únicamente una valoración política; refleja, sobre todo, el estado de ánimo de un país.
El tránsito de la esperanza al pesimismo ha sido demasiado rápido. Y eso ocurre cuando la distancia entre lo prometido y lo conseguido se hace demasiado grande, porque los compromisos, como todo en la vida, también tienen fecha de vencimiento.
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