El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, advirtió este lunes que la disposición del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de revisar las detenciones preventivas de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, provocó protestas en diferentes centros carcelarios del país, donde los reclusos denuncian un trato desigual y exigen igualdad jurídica, ya que al menos 4.500 reclusos están en las mismas condiciones.
“Hay malestar entre la población privada de libertad. Tenemos 11.000 personas que ya pasaron más de un año en detención preventiva, 7.000 que superan los dos años, y cerca de 4.500 privados de libertad que han sobrepasado los plazos procesales, eso quiere decir que han pasado 3 años ya en detención preventiva. Incluso hay casos de detención de 4, 5 y hasta 9 años sin resolución judicial”, reveló Limpias en contacto con los medios.
El pronunciamiento del TSJ -emitido el 22 de agosto a través del instructivo 18/2025- instruye a los tribunales revisar las medidas cautelares impuestas en los casos de la Jeanine Áñez, Camacho y Pumari, todos vinculados al caso denominado “Golpe de Estado”.
Según Limpias, en las últimas horas se registraron pronunciamientos desde los penales de Palmasola (Santa Cruz) y Villa Busch (Pando), cuyos internos se declararon en estado de emergencia, reclamando que la revisión de medidas cautelares se aplique de manera general y no solo a tres figuras políticas.
Asimismo, en el penal de San Pedro, en La Paz, los reclusos se declararon en estado de emergencia y protagonizan un mitin de protesta.
“El reclamo es claro, no puede haber justicia para unos pocos. Tenemos personas que llevan años sin condena, sin que se les pruebe si son culpables o inocentes. Hay privados de libertad en abandono judicial total, eso es una aberración”, subrayó el director.
Limpias recordó que Bolivia atraviesa una emergencia penitenciaria con una población de aproximadamente 18.500 personas detenidas preventivamente, lo que contribuye directamente al hacinamiento carcelario.
Denunció también que la ley de implementación de grilletes electrónicos, que permitiría descongestionar los penales, “duerme el sueño de los justos en la Asamblea Legislativa”, pese a que podría contribuir significativamente al despoblamiento carcelario.
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