En Bolivia, denuncias sobre injerencia, tráfico de influencias y favoritismos en fallos judiciales han generado preocupación sobre la integridad del sistema de justicia. Se señala que algunas autoridades del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, habrían ejercido presión indebida sobre jueces para favorecer a ciertos litigantes. Si bien estas acciones son graves y constituyen delito según la Ley Nº 1390 “Ley de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción”, con penas de 2 a 4 años de prisión, el problema no es la existencia del Ministerio, sino el abuso de autoridad de ciertos funcionarios.
El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, cumple hoy un rol fundamental: vela por los derechos de personas con discapacidad, igualdad, género, niñez, adolescencia, adultos mayores, defensa de los derechos del usuario y del consumidor, además de supervisar la justicia indígena originaria campesina. Sus funciones, según el Decreto Supremo Nº 5488 del 16 de noviembre de 2025, se limitan a orientar, promover, proponer y formular políticas públicas, sin facultad para intervenir directamente en decisiones judiciales. Esto demuestra que la institución es vital para garantizar derechos y proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Cerrar el Ministerio sería un error grave. En lugar de eliminarlo, se debe reformar y fortalecer. Una propuesta concreta es modificar el artículo 146 Ter de la Ley Nº 1390, incorporando como agravante el tráfico de influencias ejercido por servidores públicos de libre nombramiento, con penas de hasta 10 años de prisión e inhabilitación a ejercer la función pública de 5 años. Esto permitiría sancionar adecuadamente a quienes abusan del poder y proteger la institucionalidad.
Además, se sugiere transformar el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en un Ministerio de Protección Social y Transparencia Institucional, reforzando su papel en la defensa de los derechos de los grupos más vulnerables y en la promoción de la transparencia en la administración pública. Esta reconversión institucional permitiría que la ciudadanía perciba al Ministerio como un garante de derechos y ética pública, no como un actor de presión política y de tráfico de influencias e injerencia.
En conclusión, Bolivia necesita un Ministerio de Justicia fuerte, ético y protector, que garantice los derechos de todos los ciudadanos y combata la corrupción desde la prevención y la transparencia. Transformarlo, no cerrarlo, es la vía correcta para asegurar justicia y protección social para todos.
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