La declaración del Comandante General de la Policía, al afirmar que la aprehensión de Evo Morales “no es una prioridad”, no puede ser reducida a una simple valoración operativa. Es una declaración que revela una posible decisión institucional: la de favorecer la evasión de la justicia.
La Policía no tiene la facultad de elegir qué mandamientos judiciales ejecuta y cuáles posterga. Las órdenes emitidas por los jueces no dependen de la voluntad del comandante de turno. Se cumplen.
Evo Morales tiene dos órdenes de aprehensión vigentes dentro de procesos penales de extrema gravedad. Una de ellas está relacionada con una denuncia por estupro, un delito que involucra la posible vulneración de derechos de niñas y adolescentes. Se conoce, además, la existencia de otras posibles víctimas menores de edad, información que incluso fue referida públicamente por autoridades, como el exministro de Gobierno, quienes tuvieron conocimiento de antecedentes investigativos. Frente a esta realidad, la obligación del Estado debería ser actuar con la máxima diligencia para proteger a las niñas y garantizar que estos hechos sean investigados.
El otro proceso está vinculado a delitos como terrorismo, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir, atentados contra la seguridad de los servicios públicos y atentados contra la seguridad de los medios de transporte, en el contexto de los más de 50 días de bloqueo.
Ante estos antecedentes, resulta inadmisible que la máxima autoridad policial sostenga que su captura no era una prioridad. Porque detrás de esa afirmación existe una consecuencia concreta: si quien dirige la institución policial transmite que una orden judicial puede esperar, el mensaje hacia toda la cadena de mando es que su cumplimiento deja de ser obligatorio.
Por eso, el hecho de que dos efectivos policiales, en días pasados, hayan tenido contacto con Evo Morales en un punto de control sin ejecutar una orden de aprehensión vigente no puede analizarse como un hecho aislado. En su momento advertimos que existía una falla en la cadena de mando. Hoy estas declaraciones confirman la necesidad de investigar si esa orden nunca fue transmitida para su cumplimiento y quién permitió que una decisión judicial quedara sin ejecución.
La investigación no puede limitarse a un proceso disciplinario contra los policías que aparecen en las imágenes. La justicia ordinaria debe establecer quién dio la instrucción, expresa o implícita, de no proceder; quién decidió que una orden judicial podía dejarse de lado; y si existió una directriz superior que permitió o facilitó esta omisión.
El Presidente Rodrigo Paz no puede permanecer indiferente ante estas declaraciones y omisiones. Si el Comandante General no es destituido, estaría mostrando tolerancia frente a una conducta que podría haber favorecido la evasión de la justicia por parte de Evo Morales, frente al incumplimiento de una orden judicial, frente al estupro y frente al sufrimiento del pueblo paceño secuestrado en los bloqueos.
La responsabilidad de mando existe precisamente para impedir que las instituciones funcionen mediante órdenes informales, silencios convenientes o decisiones que nunca quedan registradas. Una autoridad superior no puede desprenderse de responsabilidad cuando, desde su posición, permite que una orden judicial no sea cumplida.
La Policía Boliviana no administra la justicia según prioridades políticas ni criterios personales. Su misión es cumplir la Constitución, la ley y las decisiones de los jueces. Cuando su máxima autoridad afirma que una aprehensión no es prioritaria, pone en duda la independencia institucional y la obligación de todos los funcionarios públicos de someterse al principio de legalidad.
No son solamente dos policías. Es una cadena de mando que debe ser identificada y responder.
Y si el Comandante General fue quien estableció ese criterio institucional, corresponde su destitución y la apertura de una investigación que determine todas las responsabilidades.
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