La Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE) anunció este martes que se ha presentado un reclamo formal contra el Estado Plurinacional de Bolivia ante la Secretaría General de la Comunidad Andina por un trato discriminatorio contra un inversor subregional. Además, la compañía ha presentado la solicitud de suspensión de la ejecución de una sentencia que pretende cobrarle más de Bs 744 millones a favor de FANCESA.
“El último episodio es el intento de cobrarnos coactivamente una indemnización por la estratosférica cifra de 744 millones de bolivianos. Este cobro no tiene ningún sustento real y el proceso judicial ha estado lleno desde su principio hasta su ejecución coactiva de vicios e irregularidades y no tiene validación constitucional”, manifestó el gerente Nacional de Administración y Finanzas, Ricardo Barrientos.
Barrientos afirmó que la controversia también existe debido a una deuda que el estado mantiene con la empresa desde hace 16 años.
"La demanda no fue una coincidencia. Fue armada como herramienta de presión para intentar obligarnos a negociar el monto de la expropiación. Es evidente. Y, en paralelo, esa demanda artificial fue pasando fases y acumulando irregularidades en la justicia ordinaria durante 16 años", enfatizó Barrientos.
Sin embargo, Soboce sostiene que el proceso todavía se encuentra bajo control constitucional y cuestiona que se pretenda ejecutar el pago mientras existen recursos pendientes. La empresa presentó una queja ante la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y solicitó medidas para paralizar la ejecución.
“SOBOCE manifiesta su formal y profunda disconformidad con los alcances de esta resolución dictada bajo un clima de amedrentamiento en Chuquisaca y a nivel nacional. El nuevo auto del Tribunal Supremo genera un grave e injusto daño a SOBOCE y también al clima de seguridad jurídica y económica en el país”, manifestó el gerente.
Por su parte, el abogado Hugo Gómez, ex presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y quien se desempeña como asesor internacional de SOBOCE y sus accionistas, brindó detalles del reclamo internacional, destacando que la justicia boliviana infringió el principio de trato nacional que rige en el derecho andino y omitió su obligación ineludible de solicitar una Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina antes de emitir la condena, lo que constituye un incumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario andino
"El Derecho Andino es un marco normativo fundamental que integra el bloque de constitucionalidad boliviano y garantiza que las empresas compitan en estricta igualdad de condiciones. El Auto Supremo 1190/2026 vulnera flagrantemente este derecho al otorgar a FANCESA prerrogativas exclusivas del Estado, como la imprescriptibilidad de sus créditos y la inembargabilidad de sus bienes, lo cual rompe el Trato Nacional de la Decisión 291”, dijo el jurista
Por ello, consideró que la consecuencia inmediata de la presentación de este reclamo es la necesidad de suspensión de la ejecución de la cobranza para proteger la supremacía del derecho andino. Y que, a partir de ahora, corresponde aguardar el posible desarrollo del procedimiento de revisión por la Secretaría General de la CAN y, en su momento, por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN).
