La Paz, 14 de junio (Urgentebo).- Aumenta la controversia sobre la expropiación de la concesión que tenía las empresas chilenas Non Metallic-Quiborax en el salar de Uyuni, la que ocurrió en el gobierno del expresidente Carlos Mesa. Ahora el procurador general del Estado, Pablo Menacho, sacó a la luz un documento firmado por el entonces Canciller Juan Ignacio Siles, quien dijo en esa oportunidad que la medida posteriormente definida por el Primer Mandatario adolecía de legalidad.
Hoy, Menacho dio a conocer un documento del 8 de diciembre del 2004, en el que el excanciller Juan Ignacio Siles alertó al entonces presidente Mesa de que era ilegal el Decreto Supremo 27589, que recuperaba una concesión de ulexita en Uyuni (Potosí).
Según la nota en la parte de CONCLUSIONES dice: “ Mediante el Decreto Supremo No 27589, del 24 de junio del 2004, se dispuso la revocatoria de concesiones consignadas en favor de la empresa Non Metallic Minerals S.A. Dicho Decreto fue promulgado debido a la presión social y política ejercida por autoridades de Potosí y en particular de Uyuni. El mismo adolece de serios problemas jurídicos”.
“El caso de Non Metallic Minerals S.A está a punto de convertirse en un problema internacional para Bolivia”, subraya la nota enviada por Siles a Mesa hace 14 años.
Menacho acusó a Mesa de “no hacer nada” al respecto aquella vez. “ Su propio Canciller Juan Ignacio Siles y sus equipos técnicos advirtieron a Carlos Mesa que su Decreto Supremo 27589 era ilegal y que la revocatoria de concesiones a empresas chilenas podía convertirse en un "problema internacional para Bolivia". Y no hizo nada”,sostuvo el Procurador en su cuenta en Twitter.
Ante la acusación, Mesa en la misma red social explicó sus razones por las que tomó la decisión cuando era presidente de la República (2003-2005). Primero, dijo: “Nuestra Ley de nacionalización del Salar recuperó sus recursos al declarar la totalidad de superficie como reserva fiscal”
La segunda fue porque, “nuestro ds (Decreto Supremo) expulsó a Quiborax por incumplimiento de leyes ambientales, pago de impuestos nacionales, derechos aduaneros y fraude en la declaración de volúmenes reales de exportación de ulexita a Chile.
En octubre de 2004dice Mesa que fue su gobierno, "la superintendencia de Minas subsanó defecto jurídico de nuestro Decreto al anular las concesiones de Quiborax y ratificar su expulsión”.
El exmandatario hace tambien referencia al gobienro del hoy agente de Bolivia ante La Haya, Eduardo Rodriguez Veltzé, qie " subsanó defecto jurídico al abrogar nuestro Decreto Supremo y al ratificar que la anulación de concesiones hecha por la superintendencia a Quiborax era caso ejecutoriado y plenamente válido. La expulsión se mantuvo”.
“Por esa razón las medidas de mi gobierno y de Eduardo Rodríguez combinadas hicieron de la expulsión de Quiborax una medida política y jurídica completamente válida”, manifestó el además periodista e historiador.
Y por último el exjefe de Estado, dice que:” El gobierno de Morales y sus autoridades, a sabiendas de que Quiborax inició el laudo contra Bolivia a partir de un acta falsificada, no objetó el laudo y continuó en el proceso hasta perder y pagar 42 millones”.
Consultas amistosas
Según el Procurador Menacho, Carlos Mesa recibió cinco consultas amistosas por parte de la chilena para resolver el problema. La primera fue el 24 de enero, la segunda; el 22 de junio, la tercera; el 13 de octubre, cuarta; el 14 de octubre y la quinta; el 7 de diciembre del 2004.
“Carlos Mesa recibió 5 solicitudes de consultas amistosas por las empresas chilenas Quiborax y NMM y no hizo nada para resolver la controversia internacional surgida por la emisión de su ilegal Decreto Supremo 27589”, escribió el Procurador.
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