Junio 26, 2025 -HC-

Renunció el gerente de la Gestora Pública quien impulsó denuncia penal contra Arce

Cabe mencionar que el gerente general de la Gestora Pública impulsó la denuncia penal por daños económicos contra Luis Arce, exministro de Economía y actual candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS).


Martes 25 de Agosto de 2020, 6:30pm






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25 de agosto (Urgente.bo). – El Gerente General de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, Sergio Iván Flores Morón, presentó su renuncia tras nueve meses de haber asumido el cargo, atribuye motivos personales.

A través de una carta dirigida, al ministro de Economía, Óscar Ortiz se lee: “Durante este corto tiempo que tuve la oportunidad de servir a mi país y bajo el mandato que se me encomendó, se logró contar con una empresa más activa y dinámica”,  explica a la autoridad que su dimisión se debe a “motivos estrictamente personales".

Cabe mencionar que el gerente general de la Gestora Pública impulsó la denuncia penal por daños económicos contra Luis Arce, exministro de Economía y actual candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Los delitos económicos que pudo cometer Arce están vinculados con la contratación de dos empresas extranjeras que deberían proveer el software sobre las pensiones de jubilación.

"Se ha realizado un trabajo técnico a través de auditorías internas y auditorías especiales y se encontró, de manera contundente, pruebas que involucran al señor Luis Arce como también a funcionarios que intervinieron en estos contratos", declaró Flores, poco después de presentar la denuncia en la Fiscalía de La Paz en el mes de junio.

Los contratos cuestionados tienen que ver con la provisión de software destinado a la administración del Sistema Integral de Pensiones, uno con la empresa panameña Sysde International INC y otro con la colombiana Heinsohn Business Technology.

El anterior Gobierno pagó $us 3 millones como adelanto de un contrato valuado en $us 5,1 millones a Sysde, pero esta empresa nunca entregó el software comprometido. 

Tras ello, la colombiana Heinsohn fue contratada por una cifra mucho más alta: $us 10,4 millones para la provisión de este software, pero además el Estado boliviano tenía que pagar un derecho de uso, un alquiler de $us 1,6 millones anuales por la licencia y el código fuente.

Flores

señaló que, en 40 años, que es el tiempo de duración de este contrato, el Estado iba a erogar $us 78 millones en estos pagos ilegales.

"Esto es lo que nos han tratado de engañar y es mi deber, como representante legal de la Gestora Pública, denunciar penalmente (...). Será la Fiscalía la que realice las investigaciones adicionales y nosotros coadyuvaremos, puesto que tenemos las pruebas para demostrar que lo que habido aquí es un acto de corrupción", sostuvo Flores.

La denuncia presentada contra Arce y varios exfuncionarios del Gobierno anterior consta de 10 cuerpos foliados y anillados.

 

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