Durante muchos años los empresarios privados advirtieron que la política errática y desvinculada de la realidad, basada únicamente en aumentos salariales desmedidos y en la multiplicación de leyes inequitativas, estaba dañando el funcionamiento armónico del sistema laboral, aumentando el desempleo y precarizando las condiciones de vida de los trabajadores. Con cifras y ejemplos incontrastables mostraron que un modelo salarialista oneroso y de baja productividad desanima la contratación y el sostenimiento de los puestos de trabajo estable, disminuye las oportunidades y acrecienta la informalidad. Esa simple ecuación fue ignorada sistemáticamente por los gobiernos y produjo un modelo involutivo que hoy beneficia únicamente al 14% de los trabajadores y perjudica al 86% restante, además de poner barreras a los jóvenes que anualmente buscan incorporarse al mercado laboral y que en lugar de trabajos estables y dignos, se encuentran con una demanda informal, empequeñecida, saturada y precarizada.
Los efectos perjudiciales de este sistema, creado y sostenido por el Órgano Ejecutivo y la dirigencia de la COB, se evidencian en el aumento del empleo informal, que hoy supera el 85%, y es responsable del incremento del trabajo vulnerable y precario, la explotación, la discriminación, el desempleo juvenil y el subempleo, pero también de la inseguridad e inestabilidad laboral y la baja productividad.
Un resultado no menos importante es la migración por falta de trabajo y la fuga de capital humano que, a pesar de las cifras económicas que reportó el país de los pasados 15 años, registra un incremento constante, privando al país de profesionales calificados y trabajadores con experiencia, que perdieron la fe en un país que no es capaz de ofrecerles condiciones ni esperanzas.
Según datos del Banco Mundial, Bolivia tiene cerca de 1.4 millones de connacionales radicando en el extranjero, principalmente en países como Chile, Argentina, Brasil, España y Estados Unidos. A esto debe sumarse una cantidad que fácilmente duplicaría a la anterior, de migrantes estacionales; es decir, bolivianos y bolivianas que cada año y en épocas de siembra y cosecha en países vecinos, migran temporalmente para ganar algún dinero que les permita mejorar por un tiempo sus condiciones de vida. Aunque las normas de acceso en las naciones limítrofes se han flexibilizado y existe una mayor atención por los derechos de las personas migrantes, subsisten riesgos de explotación, discriminación y violencia con las que nuestros connacionales lidian constantemente.
Aunque los migrantes no pertenecen a regiones, culturas o clases específicas, tienen en común que la mayoría salió del país porque no encontraron condiciones ni oportunidades de trabajo permanente y protegido que les permitieran subsistir dignamente o albergar la posibilidad de crecimiento personal o familiar. La emigración por carencias y necesidades no satisfechas tiene efectos sociales e individuales muy complejos porque implica la ruptura de la unidad familiar, el abandono de hijos, la frustración y la auto desvalorización, que sin embargo se asumen como precio justificable frente a la realidad de la pobreza y la falta de oportunidades laborales que padecerían permaneciendo en el país.
Lo curioso es que las personas que salieron de Bolivia por falta de trabajo destinan parte de sus limitadas ganancias al envío de remesas a sus familiares, generando una de las fuentes más importantes de ingresos para nuestra economía. Tan solo en 2022, los bolivianos en el exterior enviaron 1.437 millones de dólares al país, un monto casi igual a toda la recaudación del Impuesto al Valor Agregado nacional que, en el mismo periodo, fue de 1.466 millones.
Lo que parece una contradicción entre el crecimiento económico y el fenómeno migratorio creciente por falta de oportunidades, en realidad se explica por la ausencia de políticas laborales integrales y sostenibles por parte del gobierno actual, y la persistencia de la dirigencia de la COB por mantener un sistema anacrónico basado en el modelo sindicalista, ideologizado y retrógrado del siglo XIX, que ya es perjudicial en un mundo transformado donde priman la articulación de intereses, el emprendedurismo, el libre pensamiento y la sostenibilidad de las fuentes laborales como principales ejes de orientación. La combinación de ineficiencia, irresponsabilidad y fanatismo está convirtiendo el ámbito laboral boliviano en un sistema esencialmente informal, que a su vez produce una crisis de tales dimensiones que puede generar una involución en los derechos laborales de la mayoría de los bolivianos, con efectos sobre la propia organización social.
Mientras no superemos la visión anacrónica sobre el ámbito del trabajo, seguiremos construyendo un modelo injusto que condena al trabajador a la informalidad e impide al sector privado cumplir con su rol de generador de empleo digno y sostenible.
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