La convulsión social tras la destitución del presidente Pedro Castillo ha provocado una escalada violenta que hasta este jueves le ha costado la vida 18 personas. Perú está dividido en dos, los sectores sociales que han votado por Castillo y quienes lo ven como golpista. Ahora la provincia de Ayacucho, que en la década de los 80 fue el germen para Sendero Luminono, es el eje de estas movilizaciones.
Entre el domingo y el jueves, según los reportes del Ministerio de Salud, el número de fallecidos se ha elevado a 18, de los que 12 murieron de forma directa durante el enfrentamiento con las Fuerzas Armadas y el resto a causa del bloqueo de carreteras. Por lo menos seis no superaban los 19 años. Ninguno falleció en Lima, la capital, sino en la serranía y en la costa: Apurímac (6), Ayacucho (7), Huancavelica (1), Arequipa (1), y La Libertad (3).
El día más sangriento fue este jueves. La violencia se desató en Ayacucho, la región más golpeada por el terrorismo entre los años ochenta y noventa. Un pueblo que convive en un eterno fuego cruzado y al que le es muy difícil respirar paz. La masacre sucedió en los alrededores del aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte.
Como ha podido constatarse en videos difundidos por vecinos, no todos los militares dispararon al aire. Prueba de ello son los siete fallecidos y 52 heridos, según información de la Dirección de Salud.
“Somos luchadores, no somos terroristas”, se gritó a viva voz en la Plaza de Armas de Huamanga, en Ayacucho. Y, como en el pasado, las acusaciones de terrorismo recaen en los manifestantes con el propósito de deslegitimar sus protestas.
El Gobierno Regional de Ayacucho ha sido enfático en responsabilizar a la actual presidenta, Dina Boluarte, así como a los ministros del Interior y Defensa. “Deben renunciar inmediatamente a sus cargos. Exigimos el cese inmediato del uso de armas de fuego de parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas contra nuestra población”, señalan en un comunicado.
Ante las manifestaciones, el Gobierno peruano decretó el estado de emergencia a nivel nacional durante un periodo de 30 días, lo que permite que las Fuerzas Armadas participen de la seguridad interna.
"Expresamos nuestra seria preocupación por el incremento de la violencia en Perú y lamentamos profundamente la muerte de 15 personas", indicó en Twitter la misión en el país del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
///
