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Foto: Bolivia TV

9 de agosto (Urgentebo).- A aproximadamente las 18:45, desde la plaza San Francisco, partió la marcha en contra la violencia a las mujeres, en la cual participaron la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana y representantes del Ministerio de Justicia, además miembros de organizaciones sociales como la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia (Bartolina Sisa).

Según la invitación que se publicó, la manifestación iba a contar con la presencia del presidente del Estado, Evo Morales, sin embargó las transmisiones de Bolivia Tv mostraron al mandatario sumándose a la marcha por inmediaciones de la Casa Grande del Pueblo, una cuadra antes culminar el recorrido en plaza Murillo.

Durante esta la manifestación, la directora del Servicio Plurinacional de la Mujer, Tania Sánchez, dijo que en la presente jordana el Gabinete de Mujer aprobó planes de acciones específicas para frenar la violencia en contra de las féminas.

Asimismo, indicó que el Ministerio de Educación promulgó una Resolución Ministerial que todas las unidades educativas del país deben realizar una seria de medidas con el objetivo de prevenir la violencia hacia la mujeres.

“En las siguientes semanas cada instancia va a estar desarrollando acciones específicas para sumar, para convocar y para promover acciones de prevención en contra de la violencia en todas sus formas y lograr contribuir a la disminución de los feminicidios en nuestro país”, declaró en Bolivia Tv.

Este viernes el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, dio a conocer que desde comienzos de gestión hasta la fecha son 79 casos de feminicidios. En La Paz se suscitaron 26 de estos hechos, en Cochabamba 16, En Santa Cruz 12, en Oruro siete, Potosí seis, en Beni y Tarija cuatro y Pando y Chuquisaca dos.

En tal sentido, en el transcurso de la marcha, Salvatierra indicó que a partir de la implementación del decálogo se podrá realizar los ajustes asignación presupuestarios para que las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) utilicen recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para promover el desarrollo de los servicio integrales de desarrollo con el fin de atender a mujeres víctimas de violencia.  

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