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Mesa: Libro "Quiborax, la infamia del MAS" revela escándalos del gobierno de Evo


Jueves 16 de Septiembre de 2021, 3:45pm






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16 de septiembre (Urgente.bo).-  El presidente de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, acompañado por el jefe de bancada de diputados, Carlos Alarcón, presentaron la este jueves el libro “Quiborax, la infamia masista”, que responsabiliza a Evo Morales y sus exministros por el pago de 42.6 millones de dólares a la empresa chilena Quiborax en un arbitraje internacional.

Mesa está dentro de los 24 juicios de responsabilidades que la comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Uno de ellos, es el caso Quiborax.

 “Hemos querido, con Carlos Alarcón, dejar un testimonio para que la comunidad nacional e internacional conozca en detalle cómo se puede generar una infamia en contra de Bolivia y como se puede intentar cargarle esa infamia a quien ha hecho exactamente lo contrario que ellos, a quien enfrentando a una empresa extranjera y enfrentando intereses espurios, fue capaz de llevar adelante una nacionalización de nuestro recurso más importante que es hoy, nuestro salar de Uyuni”, dijo Mesa en la presentación del libro.

Por su parte, Alarcón dijo que “el caso Quiborax es un ejemplo muy ilustrativo de cómo operó el aparato gubernamental en los catorce años de autocracia masista presidida por Morales, dueño de la fiscalía y los tribunales de gobierno. Es una historia vergonzosa de entreguismo, complicidad y favorecimiento a una empresa chilena”.

El Caso Quiborax es conocido en Bolivia porque la empresa Non Metalic Minerals (NMM), subsidiaria de la transnacional chilena Quiborax, demandó un arbitraje internacional a Bolivia luego de ser expulsada en el gobierno de Carlos Mesa por las irregularidades y abusos que cometía en el país y en la explotación de recursos naturales en Potosí.

La investigación realizada tiene 240 páginas y relata cronológicamente la nacionalización del salar de Uyuni hecha por Carlos Mesa y las irregularidades que se cometieron en el gobierno de Evo Morales en este caso.

En la presentación, Mesa explicó que en su gobierno tomaron dos decisiones históricas, que sintetizan la nacionalización del salar de Uyuni hecha en su gestión: la promulgación de una Ley, el 9 de diciembre de 2003, que amplió la reserva fiscal al total de la costra salina del salar de Uyuni y, luego de una auditoría, en junio de 2004 la expulsión de una subsidiaria de la empresa chilena Quiborax, de nombre Non Metalic Minerals.

“Esta expulsión fue un hecho de soberanía nacional basada en argumentos incuestionables, argumentos de carácter económico, legal, ambiental y administrativo. Non Metalic Minerals, estaba exportando mucha más ulexita de la que declaraba, no tenía la ficha ambiental y había recibido ilegalmente su concesión”, recordó el presidente de la alianza CC.

El expresidente Mesa señaló que cuando NMM le hizo un juicio a Bolivia, cometió un delito porque su composición como subsidiaria era íntegramente boliviana y para enjuiciar al país falsificó el acta de composición accionaria para que ésta pareciera mayoritariamente chilena.

“Lo increíble del caso es que el gobierno de Evo Morales, que conoció de esa falsificación porque fue en su gobierno que se enjuicio a Moscoso, no reclamó ante el tribunal arbitral del CIADI lo básico y elemental. Si Bolivia hubiera denunciado a David Mosco, Non Metalic Minerals y Quiborax por la falsificación, simple y sencillamente no se hubiera producido ningún juicio de arbitraje”, explicó Mesa. 

A decir de Mesa, los responsables de las irregularidades en este caso son Evo Morales, Héctor Arce, Cecilia Rocabado, Pablo Menacho, Elizabeth Arizmendi, Hugo Montero y Cesar Navarro.

“¿Se debió pagar algo a Non Metalic Quiborax? No se debió pagar ni un centavo, porque era una empresa que actúo ilegalmente y que le robó a Bolivia”, señaló Mesa en su intervención

El expresidente dijo que se realizaron dos negociaciones que fueron rechazadas por el gobierno boliviano: la primera por 3 millones de dólares y la segunda por 27 millones de dólares, y que Bolivia terminó pagando 42.6 millones de dólares.

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