La Paz, 25 de julio (Urgentebo).- El expresidente de la República de Bolivia (2003-2005), Carlos Mesa Gisbert, rechazó este miércoles la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que pidió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) definir si se inicia o no un juicio de responsabilidades por haber nacionalizado el Salar de Uyuni. El exmandatario dijo que el más alto tribunal de Justicia responde al Ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, y denunció que es víctima de una persecusión judicial dirigida desde el gobierno.

El exmandatario que afronta un proceso por el caso Quiborax, señaló que no es nada “optimista” en lo que pueda decir el Legislativo boliviano, más aún cuando el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, le pidió este miércoles no victimizarse.
“La persecución política se trasforma y se disfraza como una búsqueda de transparencia que no existe y que no es otra cosa que un linchamiento, a través de un proceso judicial (…). Lo que está haciendo el Gobierno de Evo Morales es un mecanismo, un ejercicio de demolición de mi imagen política y de demolición de mi honor y dignidad personal”, lamentó.
Carlos Mesa manifestó que era predecible que el TSJ viabilice un juicio en su contra, más aún dijo, cuando el que dirige la administración judicial es el ministro de Justicia, Héctor Arce.
“No voy a bajar la cabeza y voy a seguir demostrando que los verdaderos responsables, los que han cometido los delitos, son los que se permiten, en este sistema inmundo al revés, acusarme a mí”, expresó el exmandatario en rueda de prensa tras conocer la determinación del TSJ.
El Procurador del Estado Pablo Menacho acusó a Mesa por los delitos: incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y daño económico al Estado. “Eso implica penas de cárcel, no es que yo lo diga, ni que me parezca subjetivo es que de eso se trata. El objetivo es la cárcel”, lamentó.
Asimismo, calificó de “vergonzosa” la intención de la Procuraduría de procesarlo por haber recuperado los recursos naturales de Bolivia, el Salar de Uyuni, que estaba en manos de la empresa Non Metallic Minerals-Quiborax.
El expresidente Mesa agradeció a dos exautoridades del Gobierno por haberlo apoyado, la exministra de Comunicación, Amanda Dávila y la exministra de Defensa Legal, Cecilia Rocabado.
Dávila escribio en su cuanta de Twitter: “El expresidente Carlos Mesa no debería ir a la cárcel ni hoy ni mañana pues actuó, durante su gestión, contra la mafiosa chilena #Quiborax en defensa del país; eso no tiene precio, pienso yo”.
“La opinión de estas dos exfuncionarias del Gobierno del presidente Evo Morales, es categórica, para mostrar la vergüenza y el escándalo de las irregularidades de la pésima defensa del Procurador Menacho y el ministro Héctor Arce (ante el CIADI)”,
En declaraciones a la red Erbol, la exministra Rocabado dijo que la Quiborax era una empresa ficticia y pirata.
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