La decisión adoptada por el gobierno de Donald Trump este lunes ha caído con más fuerza sobre el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, a quien le acusó de corrupción y de facilitar la actividad del narcotráfico. Entre todos los casos, él ha sido señalado con denuncias explícitas desde Washington. Y en ese marco, el gobierno del Rodrigo Paz y el oficialismo han calificado las mismas de graves y le piden que se aparte del cargo.
En el comunicado del departamento de Estado, Mariaca ha sido señalado con ocho líneas de texto. Los otros sancionados de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú han sido mencionados y de ellos se conoció algún dato. Pero en el caso del jefe del Ministerio Público, el gobierno de Trump le ha dicho que “abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia”. No solo eso, hubo más.
En ese contexto, el gobierno de Rodrigo Paz expresó su disposición de colaborar con el de Donald Trump, para que Mariaca y otros sean investigados, luego de calificar de muy graves las acusaciones formuladas por Estados Unidos contra Mariaca. Anunció que solicitará oficialmente a Washington información complementaria y los elementos probatorios que sustentaron la decisión de retirarle la visa por presuntos hechos vinculados con corrupción y narcotráfico.
“Las declaraciones y señalamientos de Estados Unidos son bastante graves y el Gobierno los toma con absoluta seriedad”, afirmó el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.
La medida estadounidense alcanza también a otros 12 bolivianos, entre fiscales, exautoridades, empresarios y policías, según la información difundida sobre la decisión.
Justiniano recordó que el nombramiento del fiscal general emerge de la Asamblea Legislativa y sostuvo que, si diputados y senadores plantean su renuncia, esa instancia deberá proceder conforme a las formalidades establecidas en sus normas internas.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció que su despacho intensificará las investigaciones sobre las personas afectadas por la decisión estadounidense y aseguró que el Ejecutivo utilizará la información que pueda recibir desde Washington.
“Empezaremos un proceso de investigación a fondo sobre esta lista que ha publicado el Gobierno de Estados Unidos”, manifestó.
“El coronel (Franz) Cabrera ha sido retirado de la Policía, ahora está en la Letra E y ya esto se ha hecho la semana pasada y se tendrá que someter a la investigación que se está abriendo a cargo de la Policía boliviana”, anunció Oviedo en conferencia de prensa.
DESDE EL LEGISLATIVO
Los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, Diego Ávila y Roberto Castro, plantearon la noche de este lunes que el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, se aparte del ejercicio de sus funciones mientras se esclarece su situación, luego de que el Gobierno de los Estados Unidos (EEUU) le restringió la visa.
En conferencia conjunta, anunciaron que se solicitará la convocatoria a una sesión de la Asamblea Legislativa para abordar este tema. Asimismo, se aguardarán los informes que se requieran, vía Cancillería, a EEUU sobre este caso.
“La gravedad de estos señalamientos obliga a actuar con prontitud, pero también con responsabilidad. Una denuncia no es una sentencia y ningún ciudadano puede ser condenado sin pruebas”, afirmó Ávila.
El presidente del Senado explicó que el pedido de apartamiento responde precisamente a la necesidad de que cualquier investigación pueda desarrollarse sin interferencias.
“En resguardo de la institucionalidad democrática, la independencia de la justicia y la transparencia de las investigaciones, consideramos que es necesario que, mientras se esclarezcan los hechos denunciados, el fiscal general del Estado se aparte del ejercicio de sus funciones”, sostuvo.
Además, Ávila y Castro solicitaron por escrito al vicepresidente Edmand Lara, en su condición de presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la convocatoria, con carácter de urgencia, a una sesión de la ALP, para que el tema sea incorporado en el orden del día y se consideren los mecanismos institucionales de investigación y seguimiento que correspondan.
“No estamos anunciando culpabilidades ni sustituyendo a fiscales o jueces. Estamos pidiendo que los hechos sean examinados a fondo, que se preserven los elementos de prueba disponibles y que toda decisión tenga un sustento legal”, indicó Castro.
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