1 de agosto (Urgente.bo).- Un equipo de cuatro legisladores enviaron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que denuncian y solicitan acciones urgentes frente a la detención “arbitraria” de Juan Carlos Villafuerte, joven tiktoker aprehendido por supuestos delitos financieros. En la misiva se recomienda que el caso sea archivado.
“Solicitamos con carácter urgente la intervención directa de este Organismo Internacional, con el fin de verificar in situ el deterioro del Estado de Derecho en Bolivia y recomendar el archivo definitivo del proceso penal incoado contra Juan Carlos Villafuerte por carecer de fundamento legal y representar una forma de persecución por motivos de opinión”, señala la carta enviada el pasado 30 de julio al presidente de la CIDH, José Luis caballero.
Según los legisladores firmantes, Centa Rek, Maria René Álvarez, Verónica Aguilera, Heidi Muñoz, el caso revela “una preocupante tendencia de instrumentalización del sistema judicial y el Ministerio Público para silenciar voces críticas y suprimir la libertad de expresión”.
“Villafuerte es un generador de contenido en redes sociales, donde analiza temas económicos y financieros, incluyendo la situación de la moneda nacional, el acceso a dólares y el uso de criptomonedas. Su aprehensión se llevó a cabo de manera violenta, por personas no identificadas, en vehículos sin placas, sin orden judicial conocida y sin citación previa”, añade.
Además, los legisladores cuestionan el accionar de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y señalan que su denuncia “carece de sustento técnico”.
“La posición de la ASFI es sumamente preocupante, ya que equipara la libertad de opinión como un delito financiero, en abierta contradicción con el principio de legalidad y el derecho a la libertad de expresión. Pretender que un ciudadano común, que no tiene control sobre políticas monetarias ni acceso privilegiado a información financiera, sea culpable de alterar el sistema por expresar sus percepciones, sienta un precedente sumamente peligroso para la democracia”, agrega.
Por tanto, los legisladores piden la intervención de la CIDH para asumir una posición firme, clara y activa frente a esta situación y a todos los casos similares que puedan surgir en Bolivia donde la disidencia se convierta en delito.
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