5 de febrero (Urgente.bo).- Isaac Mauricio Navarro, abogado de la Vicepresidencia del Estado, explicó este miércoles que el fallo que emitió la sala Constitucional Cuarta del Tribunal de Justicia Departamental de La Paz con relación a la Ley de Garantías, no ordena que la normativa sea enviada como consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
El jurista aseguró que un juez concedió en parte “la tutela” del caso y que éste debe ser evaluado en un plazo de 10 días. La presidenta del Estado, Jeanine Áñez, puede incluso presentar las observaciones y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que tiene como presidenta interina a Eva Copa, debe considerar las observaciones.
“En ningún momento la Sala Constitucional Cuarta ha dispuesto que se envié vía control previo de constitucionalidad este proyecto de Ley al Tribunal Constitucional Plurinacional”, aseguró el abogado.
El pasado 16 de enero, el abogado Martín de la Quintana, sobrino del exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en representación del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), interpuso una acción popular contra la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, por evitar que esa norma sea promulgada. El pasado 31 de enero, la acción fue resuelta por la Sala Cuarta.
Copa declaró a la red ATB que analizará el falló con su equipo jurídico y dijo que “procederá como manda el reglamento”. Según Navarro, Quintana planteó la acción popular con el argumento de que la senadora del MAS vulnerara los derechos colectivos a la verdad y la paz.
El jurista lamentó que la Sala Constitucional Cuarta haya sido “tibia en sus decisiones”. “Se le pregunto a la Sala si acaso la concesión e tutela significaba que la presidenta en ejercicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional tenía que ahora enviar en consulta (al TCP). Ellos han sido categóricos en sostener que la tutela no obliga nada de eso a la presidenta en Ejercicio de la Asamblea Legislativa”, subrayó.
La Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos, antes llamada ley de Garantías, establece que los dirigentes que promovieron movilizaciones después de las elecciones generales del 20 de octubre no podrán ser perseguidos judicialmente o aprehendidos. Políticos y dirigentes sociales interpretan eso como que se busca la impunidad para las exautoridades como el expresidente Evo Morales.
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