La presidenta de Perú, Dina Boluarte, tiene un total de 34 denuncias presentadas en su contra, confirmó el domingo la fiscal general Delia Espinoza, quien rechazó que el Ministerio Público pretenda dar un "golpe de Estado blando", como afirmó la mandataria al quejarse de supuesto acoso político.
En una entrevista con Cuarto Poder, dominical de América Televisión, Espinoza aclaró que no todas estas denuncias están siendo investigadas en profundidad, sino que solo se le cita para declarar en los casos donde es necesario esclarecer ciertos hechos, como las investigaciones del caso ‘el Cofre’, de enriquecimiento ilícito y las muertes en las protestas antigubernamentales.
“La señora dice que se siente agobiada, que se le está persiguiendo irracionalmente, es falso. ¿Sabe cuántas denuncias actualmente tenemos contra la señora presidenta de la república presentadas por muchos ciudadanos peruanos? 34″, manifestó.
“No se le está llamando a declarar por los 34 casos, se le está llamando solamente en los que es estrictamente necesario un esclarecimiento a través de su declaración. En los demás casos se recaba documentos, testigos, algunas pericias”, agregó.
La fiscal de la nación precisó que la mayoría de denuncias contra la gobernante han sido presentadas por ciudadanos, pero aclaró que "no se le está llamando a declarar por los 34 casos, se le está llamando solamente en los que es estrictamente necesario un esclarecimiento a través de su declaración".
Espinoza negó el supuesto acoso político señalado por Boluarte y pidió que no se confunda el ejercicio de la política con el ejercicio del derecho.
"Por lo tanto, nosotros al no ejercer política, ¿cómo vamos a promover un golpe (de Estado)? No entiendo, la verdad, no sé cómo se haría sinceramente. Lo que sí dejo muy en claro es que estamos cumpliendo con un debido proceso", manifestó.
Boluarte ha sido citada en varias ocasiones al despacho de Espinoza para declarar por varios casos, en algunos de los cuales se ha rehusado a contestar, a raíz de las investigaciones preliminares por los fallecidos y heridos en las protestas de 2022 y 2023, en el presunto encubrimiento de la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y sobre las joyas y relojes de lujo recibidas de un gobernador regional, entre otros temas.
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