En el debate entre candidatos a la Gobernación de La Paz, realizado la noche de este miércoles en el marco de las elecciones subnacionales, los postulantes expusieron visiones distintas que van desde la formalización de cooperativas hasta medidas de control tecnológico y auditorías a las comercializadoras de oro.
Uno de los planteamientos más comentados fue el del candidato Santos Quispe, quien propuso un plan de legalización exprés para cooperativas mineras informales. Según su propuesta, la formalización permitiría que la Gobernación cobre regalías que actualmente no se registran. Esos recursos, afirmó, podrían destinarse directamente a hospitales y caminos en las provincias.
Quispe evitó plantear sanciones drásticas contra los operadores informales y sostuvo que muchos de ellos son trabajadores que sostienen la economía local. Bajo esa lógica, planteó priorizar la incorporación de estas actividades al marco legal antes que endurecer los controles punitivos.
En contraste, el candidato Andrés Gómez presentó una postura más ambientalista. Su propuesta se centra en una política de “Cero Mercurio”, exigiendo el cumplimiento del Convenio de Minamata para reducir el uso de este químico en la extracción de oro.
Gómez planteó que la Gobernación no otorgue licencias ni permita la comercialización de oro que no esté certificado como libre de mercurio, además de impulsar sistemas de vigilancia satelital para monitorear dragas en ríos amazónicos y áreas protegidas. Entre los territorios mencionados estuvo el parque nacional Madidi, donde prometió operativos conjuntos con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) para frenar la explotación ilegal.
Por su parte, el candidato Antonio Riveros enfocó el problema en la cadena de comercialización del oro. A su juicio, el control no debe concentrarse únicamente en las zonas de explotación, sino también en las empresas que compran y comercializan el mineral en La Paz y El Alto.
Riveros propuso implementar auditorías digitales para rastrear el origen de cada gramo de oro, con el objetivo de impedir que el mineral proveniente de operaciones ilegales ingrese al mercado formal. Además, denunció que la expansión de la minería ilegal se debe en parte a la corrupción dentro de instituciones públicas, por lo que planteó comenzar con una “limpieza” en la Secretaría de Minería antes de intentar controlar la actividad en el territorio.
El debate se desarrolló en estudios televisivos de la ciudad de La Paz y forma parte de los encuentros organizados antes de las elecciones subnacionales del 22 de marzo, en los que los candidatos disponen de tiempos breves para presentar sus propuestas y responder a cuestionamientos de sus contendores.
Minería Ilegal divide posturas en el debate de Gobernadores de La Paz
En el debate entre candidatos a la Gobernación de La Paz, realizado la noche de este miércoles en el marco de las elecciones subnacionales. Los postulantes expusieron visiones distintas que van desde la formalización de cooperativas hasta medidas de control tecnológico y auditorías a las comercializadoras de oro.
Uno de los planteamientos más comentados fue el del candidato Santos Quispe, quien propuso un plan de legalización exprés para cooperativas mineras informales. Según su propuesta, la formalización permitiría que la Gobernación cobre regalías que actualmente no se registran. Esos recursos, afirmó, podrían destinarse directamente a hospitales y caminos en las provincias.
Quispe evitó plantear sanciones drásticas contra los operadores informales y sostuvo que muchos de ellos son trabajadores que sostienen la economía local. Bajo esa lógica, planteó priorizar la incorporación de estas actividades al marco legal antes que endurecer los controles punitivos.
En contraste, el candidato Andrés Gómez presentó una postura más ambientalista. Su propuesta se centra en una política de “Cero Mercurio”, exigiendo el cumplimiento del Convenio de Minamata para reducir el uso de este químico en la extracción de oro.
Gómez planteó que la Gobernación no otorgue licencias ni permita la comercialización de oro que no esté certificado como libre de mercurio, además de impulsar sistemas de vigilancia satelital para monitorear dragas en ríos amazónicos y áreas protegidas. Entre los territorios mencionados estuvo el parque nacional Madidi, donde prometió operativos conjuntos con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) para frenar la explotación ilegal.
Por su parte, el candidato Antonio Riveros enfocó el problema en la cadena de comercialización del oro. A su juicio, el control no debe concentrarse únicamente en las zonas de explotación, sino también en las empresas que compran y comercializan el mineral en La Paz y El Alto.
Riveros propuso implementar auditorías digitales para rastrear el origen de cada gramo de oro, con el objetivo de impedir que el mineral proveniente de operaciones ilegales ingrese al mercado formal. Además, denunció que la expansión de la minería ilegal se debe en parte a la corrupción dentro de instituciones públicas, por lo que planteó comenzar con una “limpieza” en la Secretaría de Minería antes de intentar controlar la actividad en el territorio.
El debate se desarrolló en estudios televisivos de la ciudad de La Paz y forma parte de los encuentros organizados antes de las elecciones subnacionales del 22 de marzo, en los que los candidatos disponen de tiempos breves para presentar sus propuestas y responder a cuestionamientos de sus contendores.
