La Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y Maria Alekseyevna Lvova-Belova, anunció en un comunicado de prensa este viernes. Lvova-Belova es la funcionaria rusa en el centro del presunto plan para deportar por la fuerza a miles de niños ucranianos a Rusia.

La CPI emitió una orden de arresto contra el presidente de Rusia, con el argumnto de que Putin es "presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del traslado ilegal de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa".

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Agregó: “Los crímenes supuestamente se cometieron en el territorio ocupado de Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022. Hay motivos razonables para creer que el señor Putin tiene responsabilidad penal individual por los crímenes antes mencionados, (i) por haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros… y (ii) por no ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su autoridad y control efectivos”.

La Corte Penal Internacional es el tribunal encargado de juzgar a los individuos responsables de ciertos delitos muy graves: genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y agresiones entre Estados, así como aquellos acontecimientos que el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o un Estado remite a la CPI.

Sin embargo, la Corte tiene importantes límites. Su jurisdicción se aplica únicamente a los países firmantes del Estatuto de Roma —tratado constituyente de la organización— o a los nacionales de estos. Y hay una serie de países que no aceptan la figura de este tribunal, entre las que destacan Estados Unidos, China, India, Pakistán, Turquía, Israel o Rusia.

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