En la capital estadounidense, los nombramientos diplomáticos rara vez responden al azar. La elección de una embajadora puede responder a consideraciones protocolares, compromisos políticos o decisiones estratégicas. Y cuando Donald Trump propone enviar a Bolivia a una alta funcionaria de su propia Casa Blanca, formada en inteligencia militar, antiterrorismo y seguridad nacional, conviene preguntarse qué pretende conseguir.
El objetivo principal no parece estar en el litio ni en los minerales críticos, por importantes que sean para Estados Unidos. La nominación de Kara Frederick apunta hacia una preocupación de seguridad mucho más inmediata: el narcotráfico, la corrupción institucional que lo protege, la expansión del sicariato y el riesgo de que estructuras criminales y extremistas conviertan al corazón de Sudamérica en una plataforma de inestabilidad regional. Dentro de ese escenario, Evo Morales y su entorno político y cocalero podrían constituir el principal objetivo de una nueva etapa entre Washington y La Paz.
No existe una operación estadounidense oficialmente anunciada contra Morales, pero la diplomacia exige interpretar antecedentes y señales políticas. Ayer, Trump remitió al Senado la nominación de Frederick como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante Bolivia. La noticia representa el paso más concreto hacia la normalización de las relaciones al máximo nivel después de dieciocho años sin embajadores. Pero lo verdaderamente significativo no es solamente que Trump haya decidido nombrar una representante, sino a quién ha escogido.
En el complejo ajedrez del poder en Washington, Frederick puede describirse como una influyente alfil cercana al círculo íntimo de Trump. Su trayectoria la sitúa en condiciones de contar con el oído de quienes toman las decisiones estratégicas: el propio presidente; Marco Rubio, secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional; Pete Hegseth, secretario de Defensa; el vicepresidente JD Vance; y, particularmente, Stephen Miller, su antiguo supervisor y nuevo jefe de Gabinete presidencial.
Ese vínculo profesional le proporciona una ventaja institucional poco frecuente. El 6 de noviembre, Trump nombró a Miller jefe de Gabinete en sustitución de Susie Wiles; diez días después propuso a Frederick para La Paz. Aunque la proximidad temporal no demuestra por sí sola que Miller promoviera el nombramiento, no debe pasarse por alto que Frederick trabajaba como Special Assistant to the President and Senior Policy Advisor to the Deputy Chief of Staff for Policy, dentro de la estructura que Miller dirigía antes de su ascenso. En Washington, conocer a quienes deciden es importante; haber trabajado con ellos dentro de la Casa Blanca representa una ventaja considerable cuando se necesita que un asunto de seguridad, como la extradición de un expresidente, llegue con celeridad a la mismísima Oficina Oval.
Frederick posee, además, un perfil que difícilmente corresponde al de una diplomática escogida para administrar una relación comercial o de mero trámite protocolar. Graduada en Relaciones Exteriores e Historia por la Universidad de Virginia y con una maestría en Estudios de Guerra en King's College London, trabajó durante seis años como analista de antiterrorismo en el Departamento de Defensa. Participó en tres despliegues en Afganistán, apoyó con inteligencia a fuerzas de operaciones especiales y desempeñó funciones de enlace con la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).
Posteriormente dirigió programas de antiterrorismo en Facebook, investigó temas de tecnología y seguridad en el Center for a New American Security, enseñó en la Escuela Elliott de Asuntos Internacionales de la Universidad George Washington y encabezó el Centro de Política Tecnológica de la Heritage Foundation. Aunque no es una celebridad mediática del populismo trumpista, goza de gran prestigio como operadora de políticas públicas dentro de los círculos America First: desde Heritage capitalizó su paso por Silicon Valley para liderar la ofensiva conservadora contra la censura de las grandes tecnológicas, impulsar la restricción de TikTok y articular la agenda de seguridad frente a China, antes de integrarse al equipo de transición Trump-Vance.
No se le conoce especialización previa en asuntos latinoamericanos y no está acreditado su dominio del español. Pero su formación en inteligencia y seguridad nacional es sustancial. Si Washington buscara exclusivamente negociar recursos naturales, habría recurrido a una especialista en comercio. Al enviar a una experta en amenazas de seguridad, Trump sugiere que Bolivia es vista hoy bajo un prisma estratégico y preocupante.
Esta lectura se refuerza al observar la evolución reciente de la política exterior estadounidense. La Casa Blanca ha incorporado expresamente la lucha contra el terrorismo político transnacional de extrema izquierda a su agenda de seguridad. El 16 de julio de 2026, Marco Rubio encabezó en Washington una conferencia ministerial junto a figuras clave como Stephen Miller, el secretario del Tesoro Scott Bessent, el subsecretario de Estado Christopher Landau y el director del FBI, Kash Patel, con la presencia de los ministros bolivianos Fernando Aramayo y Marco Antonio Oviedo. El objetivo fue fortalecer las investigaciones financieras y la coordinación policial contra redes violentas de inspiración extremista, una estrategia que el Departamento de Estado vincula también con el combate a los cárteles.
Paralelamente, Hegseth lideró en marzo una conferencia hemisférica contra el narcoterrorismo en Florida y volvió a reunir a autoridades de defensa en Panamá en agosto para exigir mecanismos operativos contra el crimen transnacional. Aunque jurídicamente deben distinguirse las redes terroristas ideológicas de los cárteles del narcotráfico, ambas líneas muestran que Washington ha elevado estas amenazas a prioridades de seguridad hemisférica. Su eventual convergencia, cuando existan pruebas de financiación criminal de actividades violentas, es un punto que Bolivia no puede ignorar.
A la par, el acercamiento bilateral reconstruido desde la llegada de Rodrigo Paz a la Presidencia en noviembre de 2025 ha tenido un marcado componente de seguridad. Tras la visita de Landau a la posesión presidencial, las diferentes reuniones de Aramayo, Oviedo y Ernesto Justiniano en Washington y la llegada de Amanda Porter como encargada de Negocios en septiembre en reemplazo de Erik Martini, las prioridades declaradas fueron claras: fortalecer la economía, y sobre todo combatir la corrupción y enfrentar el crimen organizado transnacional.
Sin embargo, el diagnóstico de Washington sobre la institucionalidad boliviana sigue siendo severo. En septiembre, Trump volvió a determinar oficialmente que Bolivia había incumplido sus obligaciones internacionales antidrogas, aunque mantuvo la asistencia por considerarla vital para su seguridad nacional. La Casa Blanca reconoció esfuerzos iniciales del Gobierno de Paz, destacando la captura de Sebastián Marset, pero advirtió que la corrupción institucional seguía facilitando el crimen. Pronto llegaron las consecuencias: entre septiembre y octubre, Estados Unidos aplicó restricciones de visado por corrupción y narcotráfico que decapitaron al poder judicial e involucraron a exministros, jefes aduaneros, legisladores, empresarios, exjefes antidrogas y funcionarios de investigación financiera y seguridad aeroportuaria.
El problema desborda el tráfico tradicional de cocaína. Bolivia enfrenta una expansión del sicariato que altera la convivencia ciudadana, atribuida en parte a disputas entre las mafias brasileñas Primer Comando de la Capital y Comando Vermelho. Con fronteras compartidas con Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y Perú, una Bolivia debilitada corre el riesgo de importar violencia mafiosa y exportar inseguridad a toda la región. Como advirtió en septiembre Bo Mathiasen, alto funcionario de la ONU contra la Droga y el Delito, en el país operan redes vinculadas también a la trata de personas, la minería ilegal y el lavado de activos.
¿Cómo puede un país garantizar una lucha eficaz contra el crimen organizado cuando las investigaciones alcanzan a jefes antidrogas, fiscales, jueces, altos miembros del ejecutivo, congresistas, personal militar y policial?
Así llegamos a Evo Morales, sobre quien ya pesan órdenes de aprehensión vigentes en Bolivia, además de una investigación penal recién abierta por el operativo de 2009 en el Hotel Las Américas bajo advertencia fiscal de captura si no comparece. Ante ese cuadro, la Procuraduría General del Estado solicitó formalmente activar un sello rojo de Interpol y el arraigo contra Morales, citando sus órdenes de arresto vigentes y advirtiendo que la policía no ha podido ejecutarlas por temor a enfrentamientos violentos con sus bases cocaleras en el Chapare.
En paralelo, las sospechas sobre sus vínculos con el narcotráfico siguen acumulándose. En junio, el entonces viceministro Hernán Paredes reconoció que se recopilaba información sobre Morales y su entorno a la espera de datos de Estados Unidos; poco después, el subsecretario Landau admitió que existían asuntos bajo investigación. La acusación más explícita llegó el 11 de noviembre, cuando el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que Morales encabezaba un cártel del narcotráfico en el trópico de Cochabamba y vinculó esos recursos con el financiamiento de los bloqueos que paralizaron al país.
Cuando el río suena, piedras trae. En una columna publicada el 1 de julio en urgente.bo («Por qué EEUU debe catalogar a la Coordinadora del Chapare como una FTO»), planteé que Washington debía examinar si la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba cumple los requisitos para ser designada Organización Terrorista Extranjera. En efecto, si se demuestra que una estructura financia violencia, protege al narcotráfico o utiliza recursos criminales para desestabilizar, sus dirigentes deben responder ante la ley. Además, la Casa Blanca dispone de herramientas como la Ley Kingpin y la Orden Ejecutiva 14059 para perseguir testaferros, sociedades instrumentales y redes de lavado de activos.
No obstante, la podredumbre narcocriminal y corrupta de Bolivia no pertenece a un solo bando. Los procesos por la protección institucional a Marset y el caso Maletas muestran la penetración delictiva en el aparato estatal, mientras que las denuncias de tráfico de influencias alcanzan también al entorno del actual Gobierno de Paz. El caso Cerimedo expone interrogantes que no se resuelven alegando la falta de un cargo formal: las relaciones informales con el poder también deben investigarse. Aunque el tráfico de influencias no equivale automáticamente a narcotráfico, erosiona el control institucional en un Estado ya vulnerable.
La corrupción no distingue siglas partidarias; sobrevive a las transiciones y se acomoda junto al poder. Precisamente ahí radica la trascendencia de Frederick: su llegada podría fortalecer una cooperación judicial, de seguridad y financiera capaz de esclarecer responsabilidades sin proteger al Gobierno de Paz ni limitarse a perseguir a sus adversarios. Si la red criminal alcanza al evismo, debe investigarse; si toca a personas próximas al actual Ejecutivo, también. La justicia no admite amigos intocables ni excepciones presidenciales.
En el plano económico, el desafío es inseparable de la limpieza institucional. Los minerales críticos y los corredores bioceánicos ofrecen una oportunidad histórica para Bolivia, pero ningún capital serio invertirá miles de millones de dólares en un país donde los contratos dependen de tribunales vulnerados por el narcotráfico o de gestores informales en los pasillos del poder. Sin seguridad jurídica ni depuración real, la diplomacia comercial se reduce a buenas intenciones y fotos en redes sociales.
Sin embargo, nada de esto funcionará sin una diplomacia de verdadero peso, y aquí surge la gran paradoja de esta nominación: mientras Trump envía a Bolivia a una funcionaria muy influyente salida de su propia Casa Blanca, Rodrigo Paz todavía debe completar la representación boliviana al máximo nivel en Washington.
En noviembre de 2025 publiqué en El Diario («De la periferia al protagonismo: el desafío diplomático boliviano en EEUU») que Bolivia necesitaba recuperar una diplomacia profesional y políticamente relevante. Hoy esa urgencia es crítica. Paz debe nombrar a alguien que tenga en el Palacio Quemado un peso político equivalente al que Frederick posee en la Casa Blanca. No a un figureti escogido por cercanía familiar, de amistad, partidaria o habilidades de TikTok, sino a un interlocutor con acceso directo al presidente, dominio fluido del inglés y conocimiento profundo de la economía y las instituciones estadounidenses (Casa Blanca, Congreso, Tesoro, Defensa y think tanks). Más aún, tras los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos, quien asuma la embajada boliviana deberá tomar muy en cuenta lo que opinan los legisladores demócratas sobre Bolivia, pues su peso decisivo en el nuevo Congreso influirá directamente en la agenda bilateral, la cooperación y los recursos que La Paz busca gestionar en Washington.
Alguien capaz de negociar sobre minerales críticos, finanzas y seguridad sin depender de intérpretes ni sentirse intimidado. Bolivia debe recuperar la estatura de figuras históricas como Víctor Andrade Uzquiano, Jorge Crespo Velasco o Jaime Aparicio Otero: representantes de un país pequeño que supieron hacerse escuchar ante una gran potencia gracias a su preparación, independencia de criterio y acceso real en La Paz. ¿De qué sirve conseguir una reunión con Marco Rubio si el embajador boliviano carece de autoridad para negociar compromisos?
La nominación de Frederick aún debe ser confirmada por el Senado y no garantiza por sí sola sanciones ni procesos específicos. Pero sumada al ascenso de Miller, las conferencias de Rubio y Hegseth, la descertificación parcial de septiembre, el retiro de visados, la captura de Marset, una criminalidad campante, corrupción por doquier, y un Morales parapetado en su feudo, dibuja un escenario inequívoco.
Para Paz, este acercamiento es una oportunidad para recuperar credibilidad, cooperación e inversiones, siempre que demuestre que su compromiso contra la corrupción no se detiene en las puertas de su propio entorno. Para Morales, el fin de dieciocho años de ruptura diplomática amenaza con desmantelar el escenario de confrontación con Estados Unidos sobre el que construyó su narrativa política, exponiéndolo a una eventual captura y extradición.
Trump ha movido una pieza clave en el tablero sudamericano. Kara Frederick podría llegar a La Paz como una poderosa alfil destinada a poner en jaque al narcotráfico y a las redes criminales que rodean a Morales, sin excluir a quienes hoy orbitan cerca del poder presidencial de Rodrigo Paz. En respuesta, Bolivia necesita enviar a Washington a una figura diplomática con autoridad equivalente. No para admirar la Casa Blanca o el Congreso desde afuera, sino para lograr que, cuando llame en nombre de Bolivia, alguien importante atienda el teléfono.
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