14 de febrero (Revista Oxígeno- Susana López).- La cruel muerte de la periodista Hanalí Huaycho provocó tal indignación social que el gobierno de Evo Morales tuvo que proyectar, aprobar y promulgar la Ley 348, que en teoría garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, sin embargo, dicha legislación tiene límites, porque no establece como el intento de feminicidio o el feminicidio como tal dentro de las parejas del mismo sexo, en este caso parejas lésbicas.

 

El 17 de marzo de 2016, Adriana, una activista feminista, fue golpeada, rociada con alcohol, prendida con fuego y abusada sexualmente por su expareja, la también activista Julieta Paredes. Tres años transcurrieron desde la vez que Adriana presentó la denuncia ante el sistema judicial boliviano y hasta la fecha, la víctima no accedió a la justicia por las barreras a las que se enfrenta. “Cada vez suspenden las audiencias por viaje y ella presenta memoriales para no estar presente”, sostiene  Adriana.

Si bien la agresión sucedió el 2016, la víctima se animó a presentar la denunciar un año después. ¿Qué hace que las víctimas de agresión física y sexual denuncien después de tanto tiempo?, Alejandra Menacho Noza, transfeminista y disidente sexual, miembro del colectivo La Pesada Subversiva, explica que se debe al temor de reconocer que se vive en violencia dentro de las parejas del mismo sexo, lo que se agrava cuando una de las personas tiene un alto perfil público en el mundo de los derechos de las mujeres.

“A diferencia de las parejas heterosexuales, nosotras lo manejamos con bajo perfil, por el temor o los prejuicios (…) es una réplica innecesaria dentro de las relaciones afectivas humanas, cuesta mucho darte cuenta que se vive violencia entre las parejas lésbicas”, manifestó.

Detonantes que alertan violencia

La violencia se manifiesta a través de hechos de diversa magnitud a lo largo del tiempo y muchas veces es naturalizada. Adriana relata a la revista Oxígeno que su expareja no aceptó la ruptura de la relación y pese a que había transcurrido un año de aquello, no cesaban las agresiones contra ella.

Empezó con pequeñas acciones que parecen insignificantes como la revisión de los perfiles en redes sociales y mensajes en el celular. Adriana cuenta que Julieta accedió a su correo electrónico, revisó sus mails y los imprimió para luego reclamarle mientras la golpeaba.

Aquél 17 de marzo, la casa que compartían juntas, se convirtió en el escenario de un incendio propiciado que amenazaba la vida de ambas y de una amiga que intervino para ayudar a Adriana. “Mi compañera vino a ayudarme cuando le conté que me estaba golpeando, apenas entró ella también fue golpeada por Julieta y luego ella empezó a rociar por toda la casa bidones de alcohol…rompió la calefacción a gas y mi compañera tuvo que salir para cerrar la válvula porque hubiera explotado”, relata.

¿Pueden las mujeres lesbianas ser agresoras sexuales? “Hay abuso sexual en las relaciones lésbicas, el centro de todo poder no está en el falo…lo pueden hacer con su mano”, explica la activista Alejandra Menacho. Evidentemente, la sociedad tiene una carga fuerte sobre las víctimas de agresión sexual dentro del espacio de la heterosexualidad, si en ese espacio la víctima es cuestionada y su testimonio puesto en duda; dentro de las relaciones lésbicas el panorama es igual o peor.

“Un año después me animé a denunciar porque en principio el movimiento me pide que me calle, pero luego me reúno con otros movimientos que son compañeras trabajadoras, vendedoras… y me dicen que debo denunciar porque lo que me ha pasado fue un intento de feminicidio”, cuenta Adriana.

Para la abogada Roxana Pérez del Castillo, este tipo de violencias son sistemáticas y periódicas sobre las mujeres, por el ejercicio de poder que termina en muerte. “No tiene nada que ver con quién ejerce el poder sobre esa mujer, puede ser su pareja pero puede también no ser su pareja, lo que pasa es que la concepción machista de nuestra sociedad hace que tendamos a suponer que quien va a ejercer el poder sobre esa mujer tiene que ser su pareja… y esa pareja tiene que ser un hombre, cuando no es así”, explicó.

Denuncian protección política

13 son las veces en que la agresora de Adriana no se presentó ante las audiencias, en cada una de ellas siempre hubo una excusa, la más recurrente es la de viajes realizados al exterior del país. Pero además, el activismo político que realiza Julieta Paredes, siempre estuvo de la mano del Movimiento Al Socialismo. De hecho, tuvo un programa en Abya Yala, denominado Con el Pueblo en la Piel, dedicado a la defensa del proyecto político del MAS. “Julieta Paredes ha aprovechado sus vínculos con el estado, con el gobierno, con senadoras y diputadas que la han defendido”, manifestó Adriana.

Cuando la víctima finalmente se anima a denunciar, debió enfrentar diversas barreras para hacer creíble su testimonio. “Yo he denunciado este caso personalmente al ex Vicepresidente (Álvaro García Linera) y él me ha dicho que  ella (Julieta) era una luchadora reconocida y que algo así no opacaba su trayectoria…tienen una relación muy cercana porque ella hizo huelga de hambre para que le saquen de la cárcel, hay una protección de parte de él y de otras diputadas”, añadió.

Paredes fue directora de Industrias Culturales en el Ministerio de Culturas, hasta que se presentó la denuncia de intento de feminicidio ante la ex Ministra Wilma Alanoca, quien la destituyó del cargo. Pese a ello, durante las audiencias suspendidas, Paredes presenta pasajes de viaje otorgados por los Ministerios de Comunicación y de Justicia, arguye representatividad del Estado boliviano en eventos que se realizan el exterior sobre lucha contra violencia de género.

Tras su destitución fue representante de Bolivia ante la MESECVI (Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém Do Pará), parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres.

La ley está mal entendida

¿Qué pasa cuando la víctima de agresión dentro de una relación lésbica, denuncia intento de feminicidio?  El sistema judicial boliviano no está preparado para despojarse de las cargas prejuiciosas. Si no existen juzgados, ni fiscales especializados en violencia machista en los casos de feminicidios en relaciones heterosexuales, no se puede esperar un mecanismo diferente para los casos de relaciones violentas en parejas lésbicas.

La defensa de la agresora de Adriana se apoya en dos incidentes, el primer argumento es que la Ley 348 le garantiza una vida libre de violencia en su condición de mujer y por lo tanto, según su criterio, es ella la que sufre violencia. El segundo argumento se basa en que la ley 348 reconoce a las parejas heterosexuales (hombre y mujer) y por lo tanto la denuncia de violencia intrafamiliar no se aplica al caso.

“Lo importante no es evaluar si es mujer u hombre quien ha ejercido la acción sistemática de abuso de poder…emocional, psicológico y física que ha concluido en la muerte de una mujer, entonces está mal interpretado y emerge desde la raíz patriarcal y machista esencial que tiene nuestra sociedad”, explicó Pérez Del Castillo. Evidentemente, la Ley 348 garantiza a las mujeres una vida libre de violencia pero la mirada institucional se queda corta a la hora de evaluar perspectivas más amplias.

En mayo de 2019, la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, presentó el informe “No hay Justicia para mí”, en el que se evidencia tres barreras de acceso a la justicia; estos son las barreras de investigación, barreras judiciales y la discriminación institucional. Las dilaciones y la chicana judicial son el común denominador en todos los casos, el objetivo es claro, hay que cansar a la víctima para que desista.

La última audiencia de Julieta Paredes fue convocada con anticipación de 42 días, sin embargo el 8 de enero, día en que debía hacerse presente, no lo hizo debido a un viaje que realizó a Brasil para presentar una disertación sobre “el golpe de estado en Bolivia”, ante varias instituciones y colectivos que la invitaron. El feminicidio y el intento de feminicidio van de la mano con la impunidad, porque las barreras judiciales y la discriminación institucional son los grandes obstáculos que las víctimas deben enfrentar.

/// La nota fue publicada en la edición Nº103 de la Revista Oxígeno