Washintong Dc, 26 de enero (Guido Roberto Peredo, Urgentebo.com).- Pese a las reformas legales recientes en Bolivia, el uso extendido de la prisión preventiva, la demora en los juicios en casos de crímenes violentos, además de la corrupción y la injerencia política son elementos que ponen en cuestión la independencia judicial y la transparencia en la administración de la justicia boliviana, dice un reporte el reporte 2017 de Human Rights, (HR) sobre la situación de la justicia y los derechos humanos en Bolivia.
El reporte especial al que tuvo acceso Urgente.bo.com en Washington dice: “la situación de violencia contra la mujer, el trabajo infantil extendido y además desprotegido, violan todos los acuerdos internacionales que el gobierno boliviano firmó con organismos internacionales y muy a pesar de que existe un código y normativas legales que protegen a los niños y niñas de explotación laboral, el gobierno no ha podido mejorar sus condiciones de vida”.
El informe 2017 revela que en Bolivia la impunidad por delitos comunes ha llevado a que se produzcan linchamientos de personas sin que las autoridades puedan frenar estos hechos. El reporte pone el ejemplo los hechos violentos de mayo del 2017, cuando una turba en la ciudad oriental de San Julián (Santa Cruz) irrumpió en una sala, en la cual un juez interrogaba a un presunto asesino, pero la muchedumbre interrumpió el interrogatorio y terminaron ahorcando al acusado.
Independencia judicial
El informe reconoce que se han hecho algunos avances en esta materia tras la Cumbre Nacional de Justicia realizada en junio de 2016, pero señaló que las elecciones de magistrados, jueces en el órgano judicial tiene claramente filiación política ligada al gobierno. HR hace referencia a los hechos del enero de 2017, cuando el Congreso creó una comisión para supervisar la implementación de las recomendaciones, pero lastimosamente cinco de los nueve miembros de la comisión son partidarios de Morales en la Asamblea Plurinacional o funcionarios gubernamentales, quienes fueron nombrados directamente por el Presidente.
Además, el informe señala que en mayo los miembros del Consejo de la Magistratura resolvieron que los jueces nombrados antes de la aprobación de la Constitución de 2009 eran considerarse interinos y podían ser destituidos de manera sumaria por el Consejo. Ese mismo mes, el Consejo destituyó, mediante procedimientos sumarios, a 88 jueces lo que agravo aún más la crisis en la justicia boliviana.
HR cuestiona la visión que el Presidente Evo Morales y su gobierno tiene sobre la independencia de poderes, pues esta no es una “doctrina norteamericana” al “servicio del imperio”, tal como la autoridad había declarado en el 2017
Condiciones carcelarias
Alrededor del 68 % de los presos en cárceles bolivianas no han sido condenados. El uso extendido de la prisión preventiva y las demoras en los juicios hacen que las cárceles estén sobrepobladas y generan condiciones penitenciarias precarias. Para 2016, más de 15.000 presos se encontraban hacinados en cárceles construidas para albergar a un máximo de aproximadamente 5.000.
El informe recuerda que diversos decretos presidenciales desde 2012 al 2017 permiten al presidente reducir penas a quienes hayan sido condenados por delitos menores, e indulta a quienes cumplan prisión preventiva por estos delitos. Hasta diciembre de 2016, más de 5.800 personas se habían beneficiado con esos indultos, según datos del mismo gobierno boliviano.
Defensores y ONGS acosados
Para HR, numerosos defensores de derechos humanos continúan sufriendo acoso político y poresion económica por parte de funcionarios gubernamentales lo que limita su capacidad de trabajo. Según el Informe, un decreto del 2013, del Presidente Morales otorga al gobierno facultades para disolver organizaciones de la sociedad civil, e instituciones no gubernamentales como ONG, quienes por orden del Ministerio de Autonomía pueden perder su Personería Jurídica.
Varios funcionarios bolivianos, recuerda el reporte, han sido acusados en reiteradas oportunidades de participar en una conspiración internacional contra el gobierno. en agosto de 2017. HR, pone el ejemplo de que el Presidente Morales acusó a “algunas ONG y fundaciones” de ser “instrumentos imperiales para intervenir el país” aludiendo a USA.
Libertad de expresión
En el capitulo de la Libertad de Expresion, el reporte de HR, revela que si bien existe un robusto debate público positivo, el gobierno de Morales acusa a medios y a periodistas por difundir mentiras y distorsionar la realidad con intenciones políticas. Además, no se han adoptado criterios transparentes y racionales para uso de recursos económicos para propaganda oficial, que es fuente importante de ingresos para los medios de comunicación.
Según el análisis de HR, los medios que cuestionan y critican al gobierno han sido excluidos deliberadamente de la asignación de fondos por publicidad y aquellos que funcionales al gobierno han sido beneficiados con enormes recursos económicos. HR, expone las declaraciones de mayo de 2017, cuando el Presidente Morales señaló ¨que los medios de comunicación que no recibían anuncios del gobierno eran los que “mienten, insultan, difaman y desprestigian a las autoridades”.
Derechos indígenas
Pero el acápite donde HR trata y analiza los derechos indígenas cuestiona dura y profundamente las políticas implementadas sin previa consulta a sectores indígenas. La Constitución de 2009, sostiene el reporte, da amplias garantías a los indígenas sobre la propiedad colectiva de tierras y territorios, garantiza la educación intercultural, pero varias medidas se han hecho implementado sin consulta con los actores locales.
Para HR lo que sucede en el caso de la construcción de la carretera por el Parque Nacional Isiboro- Secure (TIPNIS) que afectaría una gran reserva mundial de biodiversidad mundial y cuya consulta a los indígenas fue realizada en 2012 sin la presencia de todos los representantes indígenas de este territorio son un ejemplo claro de esta verticalidad a la hora de implementar proyectos y programas de desarrollo.
Violencia de género y derechos reproductivos
Según el informe, las mujeres y niñas de Bolivia están expuestas a un alto riesgo de sufrir violencia de género, a pesar de una ley de 2013 que contempla medidas exhaustivas para prevenir y juzgar la violencia contra la mujer. Aunque la ley tipificó el “feminicidio” (el homicidio de una mujer en determinados contextos, incluido el de violencia doméstica) la situación no ha cambiado mucho, pues los centros de acogida para estas víctimas y la designación de fiscales y tribunales especiales para delitos de género es siempre tardía.
Los datos que HR sobre violencia contra la mujer según la propia Fiscalía General del Estado reporta 74 feminicidios ocurridos en Bolivia desde enero hasta septiembre de 2016 cifra que para el 2017 no se veía nada halagador pues solo en el primer trimestre se registrados feminicidios. Esto demuestra un incremento comparativo de más de 16 por ciento anual. (httpscuantasmas.org)
Para HR, las mujeres como niñas enfrentan numerosos obstáculos para acceder a los productos y servicios de salud reproductiva y a los anticonceptivos y aunque las legislación boliviana despenaliza el aborto por un embarazo fruto de una violación, o cuando el procedimiento es necesario para proteger la vida o la salud de la mujer embarazada.
Al momento de redacción de este informe, dice HR, la Asamblea Plurinacional estaba tratando una reforma penal impulsada por el gobierno que flexibilizaría significativamente las restricciones al aborto. Este proyecto de ley despenalizaría totalmente el aborto para las niñas. A las mujeres se les permitiría interrumpir embarazos en distintas circunstancias, que incluyen la posibilidad de que su vida o su salud se encuentren en riesgo, si el embarazo es el resultado de una violación, y si el feto presenta condiciones severas incompatibles con la vida extrauterina. El Código Penal que había incluido nuevas causales para el aborto fue finalmente abrogado al cabo de un prolongado conflicto.
Trabajo infantil
En 2014, la Asamblea Plurinacional aprobó una ley que permite el trabajo de niños y niñas desde los 10 años en actividades que no se consideren “peligrosas” o “insalubres”. La ley contraviene los estándares internacionales y convierte a Bolivia en el primer país del mundo en legalizar el empleo desde tan temprana edad. Conforme a esta ley, el gobierno debía llevar a cabo un censo, a más tardar en julio de 2016, para identificar la cantidad de niñas y niños bolivianos menores de 14 años que están trabajando en la actualidad. A la fecha del presente, el censo aún no se había realizado. El último censo nacional sobre trabajo infantil, de 2008, indicó que aproximadamente 850.000 niños y niñas menores de 17 años trabajaban en Bolivia.
Orientación sexual e identidad de género
En mayo de 2016, la Asamblea Plurinacional aprobó un proyecto legislativo que permite que las personas modifiquen el género consignado en sus documentos de identidad sin necesidad de aprobación judicial previa.
En diciembre de 2016, una mujer transgénero, Luna, obtuvo su nuevo certificado de nacimiento, que reflejaba su identidad femenina. Contrajo matrimonio con su esposo el 30 de diciembre de 2016, y se transformó en la primera mujer transgénero en Bolivia que se casó legalmente con una persona del mismo sexo biológico. No obstante, en noviembre, el Tribunal Constitucional determinó que el cambio de género no otorgaba el derecho a contraer matrimonio con una persona del mismo sexo biológico.
No se permite que parejas del mismo sexo contraigan matrimonio o celebren uniones civiles. La Constitución de Bolivia de 2009 define al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.
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