En tiempos de hiperconectividad, donde las redes sociales y plataformas digitales moldean la opinión pública, Bolivia enfrenta una deuda normativa crítica: la ausencia de una ley específica que proteja los datos personales y garantice derechos digitales. Esta carencia no solo expone a la ciudadanía a vulneraciones en su privacidad, sino que limita el desarrollo de una gobernanza digital transparente, inclusiva y democrática.
Aunque la Constitución Política del Estado reconoce el derecho a la privacidad, la honra y la autodeterminación informativa (arts. 21 y 130), Bolivia carece de una norma que regule de manera integral el tratamiento de datos personales. En la práctica, esto significa que:
- No existen garantías claras sobre cómo se recolectan, almacenan y utilizan los datos por parte de entidades públicas o privadas.
- La ciudadanía no cuenta con mecanismos efectivos para ejercer el “derecho al olvido” o exigir la rectificación de información.
- En contextos electorales, aumenta el riesgo de manipulación algorítmica, microsegmentación política y desinformación.
Diferentes organizaciones de la sociedad civil han impulsado anteproyectos de ley, pero hasta hoy, Bolivia sigue sin una legislación vigente que proteja de forma efectiva los derechos digitales. En 2016, la Fundación FUNDETIC-BOLIVIA presentó el Código de Ética, Autorregulación y Empoderamiento de Internet y Redes Sociales, con el respaldo de más de 30 entidades. Esta iniciativa buscaba establecer principios éticos para el uso responsable de Internet, defender la libertad de expresión y prevenir la censura previa.
El Código fue adoptado oficialmente por varias de las Asociaciones de Usuarios de Internet en America latina y el Caribe (ALyC), sentando las bases para una reflexión nacional e internacional sobre el uso ético de las tecnologías y la necesidad de avanzar hacia marcos normativos más robustos.
Bolivia necesita una ley moderna, inclusiva y garantista que responda a los desafíos del siglo XXI. Esta norma debería contemplar:
- Derechos digitales explícitos: acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y supresión de datos.
- Consentimiento informado: toda recolección de datos debe contar con autorización clara, específica y revocable.
- Autoridad Nacional de Protección de Datos: un ente técnico, autónomo y con capacidad sancionatoria.
- Transparencia algorítmica: las plataformas deben informar sobre el uso de algoritmos y criterios de segmentación.
- Protección de grupos vulnerables: salvaguardas especiales para niños, adolescentes, personas con discapacidad y comunidades indígenas.
- Educación digital: incorporación de contenidos sobre derechos digitales en el sistema educativo.
- Responsabilidad electoral: obligaciones para partidos, medios y plataformas en la difusión de contenidos durante campañas.
La construcción de esta ley debe ser participativa, técnica y progresiva. Se propone un proceso en cinco fases:
- Diagnóstico nacional: mapeo de riesgos, brechas y buenas prácticas.
- Diseño normativo colaborativo: redacción del anteproyecto con actores públicos, privados y sociales.
- Socialización ciudadana: campañas de sensibilización y consulta pública.
- Implementación institucional: reglamentación, formación y fiscalización.
- Evaluación continua: monitoreo de impacto y ajustes normativos.
La ética digital no es un lujo, es una necesidad democrática. La tecnología debe ser una herramienta de inclusión, no de exclusión; de empoderamiento, no de vigilancia. Bolivia tiene la oportunidad de liderar en la región con una ley que proteja a su ciudadanía, fortalezca la institucionalidad y promueva una cultura digital basada en derechos, corresponsabilidad y transparencia.
El futuro digital del país no depende solo de la infraestructura o la conectividad, sino de la capacidad de construir confianza, proteger libertades y garantizar que nadie quede atrás en la era de los datos.
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