El Gobierno del presidente Rodrigo Paz denunció este jueves un presunto intento de desestabilización promovido por sectores vinculados al narcotráfico y aseguró que los bloqueos y movilizaciones registrados en distintos puntos del país responden a intereses políticos que buscan “romper la democracia” y forzar la caída del Primer Mandatario.
El Ejecutivo ratificó que mantiene abiertos los canales de diálogo con los sectores sociales que presenten demandas legítimas, pero advirtió que será firme en la protección de la democracia.
Durante una conferencia de prensa brindada tras una nueva jornada de conflictos, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que Bolivia atraviesa “uno de sus más grandes desafíos históricos” y sostuvo que detrás de las protestas existen estructuras organizadas que operan con financiamiento irregular.
“Bolivia enfrenta uno de sus más grandes desafíos históricos: eliminar definitivamente los tentáculos del narcotráfico y sus redes criminales internacionales que han sido cobijadas por anteriores gobiernos durante largos años”, declaró.
El portavoz aseguró que, pese a que varias demandas sectoriales fueron atendidas mediante mesas de trabajo y acuerdos parciales, algunos dirigentes continúan promoviendo bloqueos y marchas con objetivos políticos.
“Hay dirigentes que insisten en seguir en las calles y promueven bloqueos y marchas que solo buscan romper el orden constitucional”, sostuvo.
Asimismo, indicó que el Ejecutivo mantiene espacios de diálogo abiertos con diversos sectores sociales y destacó que, al momento de la declaración, el presidente Rodrigo Paz sostenía una reunión con representantes de cooperativas mineras.
“El señor presidente (Rodrigo Paz) está trabajando juntamente con los mineros cooperativistas en una charla muy racional, atendiendo punto por punto y encontrando soluciones”, señaló.
Acusaciones contra dirigentes y sectores movilizados
En la parte central de su intervención, el vocero vinculó directamente a algunos dirigentes sindicales y políticos con intereses relacionados al narcotráfico y a supuestos intentos de desestabilización democrática.
“El pueblo boliviano tiene que saber que hay en marcha un plan macabro que va a fracasar”, afirmó. También aseguró que determinadas movilizaciones estarían siendo financiadas con recursos de origen ilícito.
“Dirigentes corruptos han recibido financiamiento oscuro”, manifestó, al tiempo de cuestionar públicamente el origen de los recursos destinados a sostener las protestas.
“¿De dónde sale el dinero para pagar movilidades, comida, seguridad, dinamitas y viáticos todos los días?”, preguntó la autoridad.
El portavoz mencionó además a dirigentes de organizaciones sociales y sindicales, a quienes acusó de negarse al diálogo y de responder a intereses políticos vinculados al expresidente Evo Morales para generar desestabilización.
“Estos dirigentes pactaron para no dialogar y nos siguen repitiendo a los bolivianos que la única salida es romper la democracia”, afirmó.
Durante la conferencia de prensa, Gálvez también informó sobre el fallecimiento de una tercera persona que, según indicó, no pudo recibir atención oportuna debido a los bloqueos instalados en carreteras y vías urbanas.
La autoridad detalló que las víctimas de los bloqueos son: Ana Enz, de 56 años, ciudadana proveniente de Belice; Inela Villanueva, quien requería atención médica; y una joven de 20 años en la ciudad de El Alto.
“Estas son nuevas víctimas de Evo Morales y el narcotráfico”, afirmó el vocero.
En ese contexto, el Ejecutivo ratificó el inicio de operativos de desbloqueo con participación de las fuerzas del orden.
“Ya iniciamos los desbloqueos con la fuerza del orden, plenamente comprometidas en el resguardo de la democracia y de la Constitución”, sostuvo.
Pese al endurecimiento del discurso oficial, el Gobierno aseguró que continuará apostando por el diálogo como mecanismo de solución de conflictos y destacó acuerdos alcanzados en semanas recientes con transportistas, productores, pueblos indígenas, agroindustriales y otros sectores.
“Siempre que nos hemos sentado a trabajar en conjunto, hemos encontrado soluciones”, indicó la autoridad.
Asimismo, aseguró que el Ejecutivo mantendrá firmeza frente a cualquier intento de afectar el orden democrático.
“El gobierno de Rodrigo Paz Pereira va a ejercer todas sus prerrogativas constitucionales para garantizar que el narcotráfico no tome por la fuerza el país”, afirmó.
Convocó a la ciudadanía a expresar respaldo a la democracia y rechazo a la violencia. “Queremos que el grito del pueblo boliviano se escuche fuerte y claro diciendo: ‘No volverán’”, concluyó.
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