16 de octubre (Urgente.bo).- Los exministros de Defensa Reymi Ferreira, Javier Zavaleta, Luis Fernando López y Edmundo Novillo afirmaron que están dispuestos a responder dentro de la querella que interpuso el Gobierno contra estas exautoridades y otras 15 personas por la compra de 13 radares, que habría ocasionado un posible daño económico superior a Bs 1.478 millones.
“Me voy a someter a la investigación y espero que haya un debido proceso. Si al final un juez decide meterme preso, iré preso. Iré a enfrentar lo que corresponde”, dijo Ferreira en relación con este caso.
Ferreira, quien fue ministro durante el gobierno de Evo Morales (en la gestión 2015-2018), negó que en su gestión se hubiera cometido alguna irregularidad y se preguntó por qué cuatro exministros, en su mayoría de la línea del MAS, son investigados. “¿Es coincidencia?”, se preguntó.
En tanto, Zavaleta, quien también fue ministro durante el gobierno de Evo Morales (gestión 2018-2019), aseveró que esta investigación es una “cortina de humo” y que “hay una intencionalidad de hacer un show mediático”. Zavaleta afirmó que está dispuesto a declarar cuando sea citado.
“Seguramente nos van a citar en los próximos días, y yo voy a estar ahí para decir lo que se tenga que decir. La Policía sabe bien dónde vivo, el Ministerio Público también, cuando quieran citarme, me pueden citar y voy a estar ahí para declarar y enfrentar las barbaridades que va a hacer el Gobierno”.
López, quien fue ministro durante el gobierno de Jeanine Áñez (gestión 2019-2020), escribió en sus redes sociales: “Señor Ministro de Defensa quedo a su disposición para presentarme ante quien corresponda. Mantengo mi posición de llegar a defenderme en libertad como corresponde”. López se encuentra con asilo político en Paraguay.
Finalmente, Novillo, exministro durante el gobierno de Luis Arce (gestión 2020-2025), destacó: “debo manifestar que mi persona, ante cualquier citación o notificación, respetando el debido proceso estará presente ante las autoridades correspondientes para demostrar que todas mis actuaciones estuvieron enmarcadas en la legalidad”.
Novillo añadió que “es lamentable que, ante cualquier posible observación, el actual Gobierno y la empresa no hayan podido dar solución para la continuidad, sostenibilidad y viabilidad de uno de los proyectos más importantes para el país, nuestra Fuerza Aérea y NAABOL”.
El caso está relacionado con el Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (SIDACTA), un proyecto contratado en 2016 por más de 191 millones de euros bajo la modalidad de llave en mano.
El acuerdo contemplaba la provisión e implementación de un sistema integral con radares civiles y militares, centros de control, comunicaciones, obras civiles, software, capacitación y transferencia tecnológica.
“No se compraron radares aislados. Se contrató un proyecto llave en mano. Eso significa que el Estado debía recibir un sistema completo, integrado, funcional y puesto en operación”, mencionó Ernesto Justiniano, ministro de Defensa.
Según los antecedentes incorporados a la auditoría interna, el contrato experimentó siete modificaciones que ampliaron el plazo de ejecución de 31 a 82 meses. Además, la entrega y demostración final fueron reportadas aproximadamente 98 meses después de la orden de proceder.
Los informes técnicos registraron observaciones en 11 de los 13 radares del sistema: nueve estaban operativos con observaciones y dos no se encontraban operativos. Los otros dos funcionaban sin observaciones.
Pese a estas condiciones, el proyecto reportó un avance físico del 100% y una ejecución financiera del 97,85%. La Unidad de Auditoría Interna estimó un posible daño económico superior a Bs 1.478 millones.
