El Tribunal Segundo de Sentencia en lo Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de La Paz emitió este jueves la Sentencia N° 78/2026 en el denominado “Caso Coimas”, proceso que se inició tras una denuncia presentada el 8 de abril de 2023. El fallo determina que el exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, sea condenado a 10 años de prisión.
La información fue proporcionada por la Dirección de Litigio Local de la Procuraduría General del Estado, instancia que acompañó el proceso junto al Ministerio Público, el Viceministerio de Transparencia y el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua. La investigación concluyó con una sentencia condenatoria contra cinco exfuncionarios que ejercieron cargos durante la gestión del gobierno del MAS.
Entre los condenados figuran el exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, sentenciado a 10 años de cárcel, y el exviceministro de Agua Potable, Carmelo Valda Duarte, con seis años de prisión.
Tras su renuncia al cargo de ministro, la fiscalía presentó cargos por presunto enriquecimiento ilícito contra Santos, puesto que tendría cuatro inmuebles en Cobija y cinco en Tarija observados, que harían sido comprados con dinero al contado a nombre de palos blancos. Ese dinero habría salido por “comisiones y coimas” cobradas a empresas que fueron favorecidas con contrataciones direccionadas desde el despacho del ministro y los dineros depositados en su cuenta bancaria por personas de confianza de la ahora exautoridad de Estado.
MAS ACUSADOS
La lista de sentenciados se completa con Jhony Alexander Santos Sánchez (6 años), Álvaro Chávez Arteaga (6 años) y Rosa Viviana Bautista (6 años). Además de las penas privativas de libertad, todos quedan inhabilitados para ejercer cargos públicos o electivos una vez ejecutoriada la sentencia.
El fallo también instruye al Ministerio Público identificar y decomisar los bienes obtenidos de manera ilícita. El caso ocasionó un daño económico al Estado superior a los 19 millones de bolivianos.
La Procuraduría General del Estado destacó que esta sentencia marca un precedente importante en la lucha contra la corrupción y reafirma el compromiso institucional con la defensa de los intereses, la soberanía y el patrimonio del Estado.
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