La Paz, 21 de febrero (Urgentebo).- El 18 de enero iniciaron las acciones de los partidos políticos para afectar a sus contrarios y ganar electorado con miras a las elecciones generales de octubre. A partir de esa fecha, cinco fueron los hechos que marcaron relevancia en la agenda mediática de los medios de comunicación.
El 15 de enero, 20.000 litros de lixiviado y 850 toneladas de basura se deslizaron de la celda 4 del relleno sanitario de Alpacoma. Tras este hecho el 18 del mismo mes el Ministerio de Media Ambiente y Agua declaró desastre ambiental y señaló que los líquidos residuales contaminaron las aguas del rio Achocalla. Antes de estos, el responsable del Programa Nacional de Salud Ambiental, Daniel Cruz, dijo que no se afectó las aguas del torrente.
Tras la caída de los residuos de la planta de tratamiento, pobladores Achocalla y autoridades de ese municipio, a la cabeza el alcalde Damaso Ninaja, determinaron bloquear el ingreso a la planta de tratamiento para evitar que ingrese más basura de la ciudad de La Paz.
Debido a esta acción de los comunarios se acumuló basura en las calles de la urbe paceña y para dar una solución momentánea a este problema el alcalde de La Paz, Luis Revilla, y su par de El Alto, Soledad Chapetón, llegaron a un acuerdo para que se pueda depositar los desperdicios en el relleno de Villa Ingenio.
Sin embargo este acuerdo fue impedido por Jesús Vera, presidente de la Fejuve paceña afín al Movimiento al Socialismo (MAS), quien influyó en los vecino del distrito 13 del municipio alteño para que no permiten el ingreso de la basura de La Paz.
Tras dos semanas del conflicto, el bloqueo de Alpacoma se levantó luego de que el presidente Evo Morales convocó a una reunión a Revilla, Ninaja y representantes vecinales de Achocalla.
El 5 de febrero, el periódico la Tercera publicó una entrevista de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, en la que se dio a conocer que la madre es de Chile. A partir de ese momento la oposición calificó esa revelación como “una afrenta al pueblo boliviano” porque una persona de nacionalidad chilena pudiese llegar a ser jefa de Estado, en el caso que Morales y el vicepresidente Álvaro García se encuentren de viaje.
Luego de ello, Salvatierra dijo que no tiene doble nacionalidad, que nació en la ciudad de Santa Cruz y es “orgullosamente boliviana”. Sin embargo, la parlamentaria se encontraba registrada en el Servicio Electoral de Chile y estaba habilitada para sufragar en ese país. Es en tal sentido, que la titular de la Cámara Alta, el 15 de febrero, renunció a su ciudadanía chilena y pidió disculpas a la población boliviana.
También el 5 de febrero, el diputado de Unidad Demócrata, Wilson Santa María, hizo pública documentación que demuestra que Vías Bolivia, dependiente de la Ministerio de Obras Públicas, traspasó a cuentas particulares de dirigentes de las Federación Departamental de Choferes 1 de Mayo de La Paz suma de Bs 11.905.191, desde el 2009 al 2017.
De este hecho están involucrados al secretario Ejecutivo de la Federación Departamental de Choferes 1 de Mayo de La Paz, Rubén Sánchez, quien recibió la suma de Bs 2.879.323 y al titular de la Confederación Sindical de Choferes, Ismael Fernández, obtuvo Bs Bs 1.217.947.
La suma traspasada a por la entidad estatal debía ser destinada a un seguro médico de los transportistas, no obstante eso no fue de esa manera y es por lo cual los choferes de base desconocieron a Sánchez y Fernández, además anunciaron procesos penales contra ellos hasta que devuelvan el dinero que recibieron.
El 12 de febrero, el legislador de Unidad Demócrata (UD), José Carlos Gutiérrez, denunció, con un audio de prueba de respaldo, que el presidente de Diputados, Víctor Borda, usó sus influencias para favorecer a Edwin Aguayo en la preselección de candidato al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“Quiero que te reúnas con mi candidato, pues, para el Tribunal de Justicia, Edwin Aguayo. A ese hay que apoyar hermano”, dice Borda en el material audiofónico al diputado del MAS Estaban López.
Por su parte, el representante de la Cámara baja negó haber pedido que se beneficie a Aguayo y dijo que esas acusaciones en contra suya salen porque tiene un cargo alto en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
El 18 de febrero, la diputada de MAS Betty Yañíquez denunció que el concejal de La Paz Fabián Siñani manifestó que existen presuntos hecho de corrupción en firmas de contratos entre la entre la empresa TERSA y la administración municipal, debido Maricruz Medrano, esposa del legislador edil, trabaja como abogada en la compañía.
Al conocer esta noticia, el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, suspendió a Siñani de la Dirección Nacional de la alianza hasta que se investigue y aclare la acusación. Por su parte, la autoridad municipal dijo que la determinación del presidenciable fue apresurad y que nunca se favoreció a TERSA
Ayer, Yañíquez formalizó su denuncia contra Siñani ante la Fiscalías, pide que se lo proceso por el delito de uso indebido de influencia, ya que afirmó Medrano aprovecho su relación marital con el concejal para acceder a información privilegiada y proteger a la TERSA de sanciones al magnitud del impacto a la deslizamiento de Alpacoma
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