9 de diciembre (Urgente.bo).- La mañana de este lunes, empresarios y productores de la cadena alimentaria y productiva del país (CADEX, CAO, Gremiales, Cámara de Transporte, CANIOB, CAINCO) junto al Comité Pro Santa Cruz se declararon en estado de emergencia y rechazaron el proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 porque atenta con la estabilidad macroeconómica, la seguridad alimentaria y jurídica. Además, cuestionan la suspensión de exportaciones de aceite e intervención de los ingenios arroceros.
“Nos declaramos en estado de emergencia y en reunión permanente para defender la seguridad alimentaria y los derechos de las familias bolivianas, en especial la estabilidad económica. No permitiremos que decisiones políticas mal diseñadas debiliten aún más el tejido productivo del país”, indica la resolución emitida por el sector, que fue leída por Oswaldo Barriga, presidente de Cadex.
El sector exige la eliminación de la cláusula séptima del proyecto del PGE 2025 porque consideran que genera inseguridad jurídica y un clima adverso para las inversiones. La disposición “faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización; confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
Asimismo, consideran “arbitrarias” la determinación de suspender unilateralmente las exportaciones de aceite y la intervención “abusiva” de los ingenios arroceros. “Rechazamos de manera contundente estas acciones porque van en detrimento del sector, la población y de la obtención de divisas”, dijo.
Según las instituciones, “la represión y las restricciones económicas” no garantizan el abastecimiento de alimentos, al contrario, obstaculizan la producción, desaceleran la economía y ponen en riesgo el acceso a productos básicos.
“La prohibición de exportaciones de aceite y la intervención de ingenios arroceros no reducen los precios de la canasta familiar, sino que generan escasez e incertidumbre a los productores y comercializadores”, señala.
También señalaron que desde hace 18 años se aplican “políticas restrictivas” que han limitado las exportaciones, han impuesto bandas de precios y han establecido cupos que, “lejos de cumplir con su objetivo, han aumentado la dependencia de productos importados”.
Atribuyeron la escalada de precios debido a la falta de dólares y “a un contexto de incertidumbre económica”, que afecta tanto a productores como a consumidores.
Para solucionar estos problemas señalan que se debe aplicar “políticas fiscales, monetarias y cambiarias” que corrijan el desequilibrio macroeconómico. “El país necesita soluciones inmediatas y contundentes”.
Pidieron garantizar la seguridad jurídica “para reactivar la inversión y fortalecer las cadenas productivas, dejando de lado acciones arbitrarias como la prohibición de exportaciones y la confiscación de productos”.
Asimismo, exigen el abastecimiento de diésel, “elemento clave para mantener la producción en marcha”. Además de fomentar políticas que incrementen la oferta de productos y permitan la generación de dólares.
“Exigimos al Gobierno Nacional y a la Asamblea Legislativa a priorizar las soluciones que beneficien a todos los bolivianos. Nosotros, como instituciones representativas, reafirmamos nuestro compromiso con la generación de empleo, el fortalecimiento del aparato productivo y la construcción de un país más justo y próspero”, finaliza el pronunciamiento del sector.
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