La Federación de Empresarios Privados de Oruro (FEPO) emitió un reclamo formal ante el Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, Edgar Sánchez Aguirre. La entidad empresarial demandó la presentación de pruebas y disculpas públicas tras ser vinculada con actividades de minería ilegal en la localidad de La Joya.
El conflicto surgió por declaraciones públicas de la autoridad departamental, ya que calificó a la FEPO como «cómplice» de la explotación minera no autorizada y afirmó que EMCOISA es la única operación legal en dicho sector.
Ante dichas afirmaciones, la representación empresarial recordó que su misión institucional es la defensa del gremio privado legítimo y la promoción del desarrollo regional, sin realizar directa ni indirectamente tareas de explotación o comercialización minera.
Asimismo, la FEPO precisó que el término «cómplice» posee una connotación penal específica según el artículo 23 del Código Penal boliviano, por tanto, la atribución de una conducta delictiva requiere individualizar sujetos, hechos y evidencias objetivas.
La dirigencia empresarial solicitó el envío de informes técnicos, denuncias o actuaciones administrativas existentes en la Gobernación que respalden la acusación. De no existir sustento documental, el gremio exigió una rectificación pública inmediata y disculpas institucionales.
