Las elecciones judiciales son un derecho reclamado, conquistado y adquirido por y para el pueblo boliviano, producto de un proceso de demanda social que se encumbró en la Asamblea Constituyente (2006 – 2009). Este derecho no surge de una imposición, sino de un trabajo colectivo y recogido por los Constituyentes de la Sub Comisión de Justicia Ordinaria de la Comisión de Justicia, de los Foros Departamentales organizados para escuchar y recoger iniciativas de la sociedad civil. De estas consultas emergieron tres ejes temáticos clave: Principios y valores de la justicia. Formas de Selección y Elección de máximas autoridades del Órgano Judicial y Control Social.

En cuanto al segundo eje, la propuesta recogida, fue redactada por el Movimiento Al Socialismo (MAS – IPSP) con mayoría en la Asamblea y propuso un texto sobre el capítulo referido al Órgano Judicial, con tres artículos fundamentales:

1. Selección y elección de magistrados: El artículo 6 establecía que los magistrados serían elegidos mediante voto popular, garantizando legalidad, legitimidad e idoneidad. La preselección estaría a cargo de un órgano disciplinario, que remitiría la nómina de precalificados a la entonces Corte Nacional Electoral para el sufragio.
2. Duración del mandato: Según el artículo 10, el mandato sería exclusivo e incompatible con otros cargos, con una duración de seis años, improrrogables, sin posibilidad de reelección inmediata.
3. Composición y elección del Órgano Judicial: Un artículo adicional definía que el control de la justicia debía responder a la voluntad del pueblo, conformándose por cinco miembros elegidos bajo regulación expresa.

Estos artículos no tuvieron oposición ni propuesta alterna de la minoría, ni en la Sub Comisión, ni en la Comisión de Justicia y tampoco en los plenarios Constituyentes y Congresales; mas, ese casi tercio de representantes conservadores según su propuesta solo querían mantener las atribuciones del Poder Legislativo, el “Nombrar a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia” (Art. 59, numeral 20 de la CPE de 6 de febrero de 1995) y con su misma estructura, lo que se conocía como el “loteamiento” Judicial, donde las élites políticas designaban magistrados según intereses partidarios, perpetuando un sistema controlado por minorías oligárquicas.

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Los desafíos del proceso actual

A pesar del avance que representó la propuesta de elecciones judiciales, sectores conservadores, fortalecidos por alianzas mediáticas y políticas, siguen resistiéndose al cambio. Hoy, esa resistencia se traduce en sabotajes al proceso electoral judicial, debilitamiento institucional y una campaña de desinformación que atenta y está orientada a coartar derechos políticos del pueblo boliviano, en busca perpetuar privilegios para unos pocos.

Es vox pópuli y denunciado además por organizaciones de víctimas, de que varios de los postulantes a la Magistratura boliviana, tienen “cola de paja”, que son corruptos, comerciantes de la desgracia ajena, que aprobaron con chanchullo, que tienen padrinos políticos, que hicieron pre “negociaciones” con políticos de distinta clase, comprometiendo o comprando, ¿qué? Sometiendo, condicionando e hipotecando desde ya, los principios de transparencia, legitimidad, imparcialidad y neutralidad que debieran encarnar para hacer una gestión y administración de justicia eficaz y efectiva.

También se conoce que existen postulantes con honrada dignidad, profesionalismo, idoneidad y conciencia de la necesidad de dar la talla y el desarrollo real de la Justicia Plural que construya los sentidos y dimensiones de la Plurinacionalidad boliviana, que, seguro no les conocemos o son poco conocidas/os y que tienen dificultades para visibilizarse debido a la falta de recursos y a un sistema normativo que no garantiza la equidad en la difusión de propuestas.

Entonces se puede decir que hay una desigualdad entre postulantes y hacia la sociedad, porque de pronto no tendremos suficiente información, sumando a ello la desinformación propia de aspirantes que “cuentan con recursos” y de los enemigos de los derechos para las mayorías bolivianas.

Recuperar el espíritu Constituyente

La esencia del proceso Constituyente fue construir un Estado Plurinacional basado en principios de igualdad, justicia social y el Vivir Bien. Sin embargo, la implementación de las elecciones judiciales se ha desvirtuado, alejándose de la participación social directa y dejando la preselección en manos de la Asamblea Legislativa.

Es urgente recuperar el espíritu original de este derecho y gestar un procedimiento y mecanismo nuevo de selección y elecciones judiciales, que garantice que la justicia sea verdaderamente del pueblo y para el pueblo. Esto implica diseñar dispositivos normativos se apeguen al espíritu y propuesta de la sociedad civil durante el proceso Constituyente y del de ahora, que refuercen la transparencia, imparcialidad y neutralidad en la gestión y administración de la justicia, devolviéndole el protagonismo a las mayorías excluidas.

Ya decía R. Gargarella que una Constitución, construida desde las mayorías excluidas por su proceso de debate, es un pacto de iguales. Que, es eso precisamente nuestra Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, un pacto de iguales para construir igualdad, justicia social y el Vivir Bien, que ha reconocido todos los derechos del y para el pueblo boliviano, entre ellos el de elegir a las máximas Autoridades del Órgano Judicial.

Llamado a la acción

Como pueblo boliviano, tenemos la obligación y el deber de honrar nuestro Pacto de Iguales, plasmado en la Constitución Política del Estado. Este pacto nos otorga el derecho de elegir a nuestras máximas autoridades judiciales y nos llama a no ceder ante la desinformación ni el conservadurismo.

Avanzar hacia una justicia descolonial y despatriarcal requiere de un compromiso real con nuestras vocaciones democráticas. Es hora de recuperar el proyecto original de transformación social que inspiró la Asamblea Constituyente, construyendo un sistema judicial dual, con igualdad jerárquica entre jurisdicciones, que encarne los valores de la Plurinacionalidad y el Vivir Bien.

En nuestras manos está la posibilidad de gestar los cambios que soñamos hace más de una década: una justicia para todas y todos, que no sea patrimonio de unos pocos, sino una herramienta para construir un futuro digno, igualitario y justo.

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