15 de octubre (Urgente,bo).- En los próximos días, el pleno de la Asamblea Legislativa tendrá en sus manos una definición clave sobre el proyecto minero Carangas. Respaldado por la gobernación de Oruro y las principales organizaciones sociales y cívicas del departamento, el proyecto de ley N° 081/2025-2026 llegará hasta dicha instancia legislativa, que si es aprobado dará inicio a un proceso para el impulso del proyecto. Pese al apoyo regional, hay algunos actores legislativos que lo cuestionan.
El proyecto minero Carangas está ubicado a unos 190 km al suroeste de Oruro, Bolivia, dentro del Cinturón Epitermal Sudamericano, que alberga grandes depósitos de metales preciosos y operaciones en países vecinos. La propiedad estatal abarca un área total de 40,75 kilómetros cuadrados y es accesible por carretera.
El pasado 7 de octubre, la Comisión de Economía Plural aprobó el proyecto de ley que declara de necesidad estatal el impulso el proyecto minero Carangas, como parte del proceso para que el Estado permita el desarrollo de la inversión de New Pacifics Metal, luego de cumplir con requisitos medioambientales y de otro tipo.
“Las áreas mineras que comprende el proyecto minero Carangas se ubican dentro de esa franja (la de 50 kilómetros) por lo que la declaratoria de necesidad estatal constituye el presupuesto habilitante para la participación de capital extranjero en el proyecto”, señala el documento de la Comisión de Economía Plural. Con esa y otras consideraciones, el caso fue aprobado y remitido para su tratamiento en la Asamblea Legislativa.
De acuerdo con la CPE, un proyecto tendrá sentido si y solo si tiene el respaldo de dos tercios de votos del pleno de la Asamblea.
Aunque el proyecto logró el respaldo de la Comisión de Economía Plural, el gobernador del departamento de Oruro, Edgar Sánchez, expresó su cuestionamiento a algunos parlamentarios que cuestionan el proyecto Carangas con argumentos que corresponden. "Hubo desconocimiento por parte de los diputados sobre la ley; y segundo, algunas versiones internas de que hubo alguna manipulación de algún diputado de Oruro, lo que ha generado susceptibilidad entre los diputados", afirmó Sánchez a principios de agosto.
Fuentes relacionadas con el caso explicaron a este medio que la diputada Judith Oporto, del Partido Demócrata Cristiano, es una de las opositoras al proyecto con el argumento de que debe contar con el aval ambiental y el respaldo de la consulta social. Sin embargo, la misma comisión precisó que “el proyecto de ley de Necesidad N° 081/2025-2026 no tiene por objeto otorgar derechos mineros ni autorizar el inicio de actividades mineras. Su alcance se agota en la declaratoria de necesidad estatal que habilita la excepción prevista en el articulo 262 de la Constitución Política del Estado, única y exclusivamente para el desarrollo del proyecto minero Carangas”.
La diputada Oporto no firmó el proyecto de ley que fue remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento como establece la Carta Magna.
“La aprobación del informe en comisión y la posterior falta de firma deben analizarse a la luz de las actas, intervenciones y votos registrados. Asimismo, corresponde conocer si Oporto mantiene sus anteriores observaciones, si considera que fueron subsanadas o si tiene nuevos cuestionamientos sobre el contenido de la iniciativa”, dijo la fuente consultada.
El Proyecto Minero Carangas contempla una inversión estimada de 324 millones de dólares y proyecciones de generación de empleo y regalías para el departamento de Oruro.
La declaratoria de necesidad estatal responde a lo establecido en el artículo 262 de la Constitución Política del Estado para inversiones extranjeras en zonas de seguridad fronteriza. Su aprobación no sustituye los controles ambientales, los procedimientos administrativos ni las demás autorizaciones exigidas por ley.
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