Con el advenimiento del llamado socialismo del siglo XXI, en los últimos 20 años, varios países latinoamericanos han introducido profundos cambios en sus Constituciones Políticas del Estado. Uno de ellos, quizás el más importante, ha tenido que ver con la propiedad y la soberanía sobre los recursos naturales, lo cual generalmente ha venido acompañado del carácter estratégico de dicha riqueza.
Venezuela ha sido el líder indiscutible de este movimiento, que llegó a su fin tras la intervención militar estadounidense en el país a principios de este año. Desde entonces, Venezuela ha estado experimentando una serie de ajustes económicos, curiosamente, dejando casi intacta toda su estructura legal y política. Esto ha dado lugar al reciente acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela, que ahora es objeto de debate y comentarios en todo el mundo.
¿Cómo ha sido posible esto?
Hay dos razones. Una es que la Constitución venezolana parece ser mucho más flexible de lo que la mayoría de la gente cree. De hecho, el artículo 303 de su Constitución, que se transcribe a continuación, permite a la petrolera estatal venezolana establecer diversas opciones de asociación en función de su desarrollo empresarial, en cuyo caso no se aplicaría la restricción que obliga a Petróleos de Venezuela, S.A. a conservar la totalidad de sus acciones.
Artículo 303. “Por razones de soberanía económica, política y estratégica nacional, el Estado conservará todas las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o de la entidad creada para la gestión de la industria petrolera, excepto las de las subsidiarias, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o pueda constituirse como resultado del desarrollo empresarial de Petróleos de Venezuela, S.A.”
Sin embargo, parece existir una razón aún más importante. Hoy en día, el ideal de la propiedad y soberanía sobre los recursos naturales se ha convertido en mera demagogia de los gobiernos de izquierda de todo el mundo para lograr sus objetivos sin tener que renunciar a ese “principio sagrado”. Estos gobiernos ocultan el problema fundamental de que, en la actualidad, la propiedad o soberanía sobre los recursos naturales ya no es necesaria para desarrollar negocios lucrativos en este sector. Esto es particularmente relevante en la industria del petróleo y el gas, donde, a pesar de que la mayoría de los recursos han sido nacionalizados desde la crisis del petróleo de principios de la década de 1970, las grandes compañías petroleras y gasíferas han operado en todo el mundo sin dificultad. El acceso a estos recursos naturales estratégicos, junto con su control y gestión, se ha convertido en la piedra angular de los contratos modernos en la industria del petróleo y el gas.
Curiosamente, el marco legal actual de Venezuela parece propiciar este tipo de interpretación. De hecho, el artículo 113, que se transcribe a continuación, faculta al Estado para otorgar concesiones por un período de tiempo específico, garantizando beneficios adecuados para la población. ¿Qué? Tal cual. Una Constitución socialista otorga concesiones para la explotación de recursos naturales que son propiedad de la nación.
Artículo 113. “Cuando se trate de la explotación de recursos naturales propiedad de la Nación o de la prestación de servicios públicos con o sin exclusividad, el Estado podrá otorgar concesiones por un tiempo determinado, garantizando siempre la existencia de contraprestaciones o compensaciones adecuadas al interés público”.
En otras constituciones socialistas, como las de Bolivia y Chile, la palabra "concesión" se ha sustituido por "contrato", pero el significado es el mismo. Por supuesto, el caso argentino es completamente diferente, ya que una concesión allí implica la propiedad de los recursos naturales, pero ese es tema para otro artículo. Para concluir esta discusión, permítanme compartir la siguiente reflexión sobre los esfuerzos que se están realizando en Bolivia para introducir cambios significativos en el marco legal vigente con el fin de atraer inversión extranjera directa y evitar que la actual crisis económica se agrave. Contrariamente a lo que podrían esperar los políticos desinformados, las soluciones a este dilema podrían ser mucho más sencillas de lo que la mayoría imagina.
En resumen, parece que el reciente acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela es completamente legal y viable, y podría ser de beneficio mutuo para ambas partes.
Por último, en la siguiente tabla, presento en detalle el alcance de dicho acuerdo, incluyendo todos los cálculos necesarios para obtener el monto final (209.335 dólares) del acuerdo, según lo indicado por la presidenta de Venezuela en una reciente conferencia de prensa. Cabe señalar que he detectado un error matemático de 47.165 millones de dólares a favor de Venezuela.
* Una versión en inglés de este artículo ha sido publicada en X.com (https://x.com/jczuleta/status/2094240779476615385?s=20) y Linked-In.com (https://www.linkedin.com/pulse/ideal-ownership-sovereignty-over-natural-resources-zuleta-calder%C3%B3n-f8pqf/?trackingId=Io7vcTwcBM%2BDeZwsMf3j0A%3D%3D) el 30 de agosto de 2026.
** Analista Económico.




