Lima, 29 de julio (La República).- El Gobierno fujimorista alista su pedido de delegación de facultades legislativas. De acuerdo con la agenda de la primera sesión del Consejo de Ministros, programada para este 29 de julio, el primer punto del orden del día contempla la revisión de un proyecto de ley que otorgaría al Poder Ejecutivo la facultad de legislar. Este pedido buscaría que las facultades sean dadas por 120 días.
Según el documento, el Gobierno solicita estas facultades para emitir normas en las siguientes materias: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad; promoción y protección de los emprendedores, de la micro y pequeña empresa, y fomento de la formalización; promoción del empleo y protección social; impulso del desarrollo productivo; simplificación administrativa, desregulación y eliminación de barreras burocráticas; reforma estructural y modernización del Estado; y materia tributaria, aduanera y de facilitación del comercio. La propuesta ha sido presentada por la Presidencia del Consejo de Ministros.
Durante su discurso de toma de mando, la presidenta Keiko Fujimori ya había adelantado que solicitaría estas facultades al Congreso. En ese momento, aseguró que el principal objetivo era afrontar los efectos del fenómeno de El Niño. Sin embargo, hasta ahora, el pedido estaría centrado en la seguridad interna y la reforma del Estado.
Otro de los puntos de la agenda es un proyecto de decreto supremo que busca declarar en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario. Además, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego presentará dos informes: uno sobre un proyecto de decreto supremo que plantea reformar la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y otro sobre una iniciativa para reorganizar dicha cartera.
¿Cómo funciona la delegación de facultades?
El proceso se inicia en la Cámara de Diputados, que tiene competencia exclusiva para recibir y debatir las propuestas del presidente de la República sobre la delegación de facultades legislativas. Una vez aprobada la iniciativa en Diputados, el expediente pasa al Senado, que actúa como cámara revisora. Como ocurre con otras iniciativas legislativas, el Senado puede aprobar, modificar o rechazar la ley autoritativa.
Otorgadas las facultades, el control no termina ahí. Cuando el Ejecutivo emite los decretos legislativos, debe dar cuenta de cada uno al Senado dentro de los tres días siguientes a su publicación. Luego, el decreto pasa a la Comisión de Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo, que verifica si contraviene la Constitución o excede el ámbito de las facultades delegadas.
Si la comisión encuentra irregularidades, el Pleno del Senado debate y vota su modificación o derogación. Para ello se requiere el voto favorable de la mayoría de los senadores presentes. En ese caso, la norma resultante es promulgada directamente por el presidente del Congreso y no por el presidente de la República.
Expertos opinan sobre el pedido de facultades legislativas
La República conversó con el exviceministro del Interior Ricardo Valdés. Consultado sobre el pedido de delegación de facultades, Valdés sostuvo que los principales esfuerzos deberían orientarse a fortalecer el uso de la tecnología para responder a la crisis de seguridad ciudadana.
"Espero que se invierta muchísimo en todo lo que es tecnología y que se contrate al sector privado para ordenar las denuncias que hoy están desperdigadas en sistemas que no conversan entre sí. (…) También debe definirse qué normas se requieren para entregar rápidamente información a las fuerzas del orden. Debe firmarse un protocolo relacionado con el Convenio de Budapest para saber —en coordinación con Meta— quiénes están detrás de esos números de WhatsApp. Eso se mencionó rápidamente, pero no se ha desarrollado el enfoque. Espero que puedan explicar el plan de corto y mediano plazo y cuantificar los esfuerzos (…)", indicó.
Valdés recordó que durante su gestión también se solicitó una delegación de facultades legislativas.
"En el gobierno de PPK pedimos facultades y eso permitió hacer muchas cosas. La nueva estructura del Ministerio del Interior y de la Policía se desprenden de esas facultades legislativas", señaló.
Por su parte, Karla Gaviño, profesora de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (UP), consideró que las facultades en materia de simplificación administrativa deben priorizar la eliminación de requisitos innecesarios.
"Me parece sumamente importante y necesario revisar distintos procedimientos que hoy se duplican y dificultan la ejecución de proyectos mineros y de infraestructura, sin que ello implique dejar de proteger los bienes tutelados por el Estado. Siempre debemos pensar en una gestión pública eficiente. Presentar los mismos documentos ante diversas entidades públicas es sumamente engorroso. (…) Hay que trabajar bastante en ese sentido".
Asimismo, Gaviño señaló que las reformas orientadas a mejorar la coordinación entre la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Midagri son positivas.
"Ha habido múltiples gestiones gubernamentales que han reorganizado el aparato público. Lo que debe procurarse es un mejor funcionamiento de la administración pública. (…) En el caso puntual de la ANA, sus procesos sí generan demoras significativas para desarrollar proyectos de inversión y grandes obras de infraestructura. Es necesario revisar la coordinación entre el Midagri y la ANA. Tengo la impresión de que esos ajustes serán necesarios. (…) Es un tema que me parece oportuno y recomendable", afirmó.
