Bolivia, tierra de contrastes, se encuentra inmersa en un torbellino de acontecimientos que la ha llevado a una encrucijada crítica. Las carreteras bloqueadas han desatado pérdidas económicas, confrontaciones y malestar entre los ciudadanos. Tras este caos que prácticamente ha paralizado al país, se esconde un problema más profundo: el enigma de los autoprorrogados.

El origen de este conflicto se remonta a una resolución del Tribunal Constitucional que, de manera autónoma, se autoprorroga, desafiando la Constitución y menoscabando el derecho del pueblo a elegir. La solución, paradójicamente, se presenta con claridad: la renuncia de los autoprorrogados. A pesar de ser exigida por diversos sectores, surge la pregunta: ¿por qué el presidente Arce no toma la iniciativa de exigir esta renuncia?

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La interrogante más importante nos sumerge en el oscuro entramado del Tribunal Constitucional y su papel en la estrategia de instalar un autoritarismo muy camuflado. El presidente Arce y su ministro Lima defienden con ahínco a los magistrados autoprorrogados, piezas clave para cumplir al menos 6 tareas esenciales:

1. Validar los contratos ultrasecretos del litio, que no fueron aprobados por la Asamblea Legislativa. A través de una Resolución Constitucional, deben dar protección al gobierno de sus acciones al margen de la constitución y dejar cerrada la probabilidad de un juicio de responsabilidades.
2. Validar el Decreto Supremo del Presupuesto General del Estado (PGE), con el que el Gobierno adquirirá más deuda pública, dejando de lado la función constitucional que tiene la Asamblea Legislativa de aprobar cualquier endeudamiento público.
3. Aprobar si es favorable a los intereses del gobierno la Ley de Elecciones judiciales, observando o anulando artículos que pudieran afectar a los intereses de manipular la elección de magistrados. El TCP tendrá la potestad de modificar artículos de la ley, censurar postulantes e incluso inhabilitarlos, para así lograr una convocatoria con una mayoría de los elegidos del presidente Arce.
4. Aprobar en función de los intereses del presidente Arce, la ley de elecciones primarias. O en su defecto, utilizar su potestad “infinita” para anular o modificar a conveniencia elementos que afecten los intereses del Arcismo.
5. Determinar áreas territoriales y validar resultados del censo, empleando su "poder" de resoluciones constitucionales para determinar una aprobación supra estatal de la cartografía censal y sus consecuencias emergentes de los resultados.
6. Aprobar medidas económicas nefastas para el pueblo boliviano, imponer acciones para asumir el control de los partidos políticos y las organizaciones sociales, y otras que sean necesarias, en una peligrosa combinación de autoritarismo efectivo, donde el Tribunal Constitucional emite las órdenes a través de resoluciones constitucionales y la policía se convierte en el brazo de represión para lograr su cumplimiento efectivo.

La resistencia del gobierno ante la renuncia de los autoprorrogados, que se aferran a sus cargos como titanes del poder, revela una estrategia calculada. Pero, ¿a qué costo para el pueblo boliviano?

En este escenario complejo, se impone un llamado a la acción. A pesar de las adversidades, la demanda es clara: la renuncia de los autoprorrogados. La ciudadanía, independientemente de su color político o procedencia, debe alzar la voz y exigir al gobierno que abandone sus planes dictatoriales.

La esperanza reside en la movilización ciudadana por la libertad, la democracia y el futuro de las generaciones venideras. La normalidad, incluso después de que las carreteras estén expeditas, solo retornará cuando el poder regrese al pueblo y se deponga la actitud autoritaria que amenaza la esencia misma de Bolivia.

¡Bolivia en emergencia clama por su democracia!

06 de febrero de 2024

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