El canciller del Estado, Fernando Aramayo, tuvo una mañana intensa. Tras la determinación de expulsar a la embajadora de Colombia en Bolivia, el ministro participó en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, donde dijo que el actual conflicto es alentado por quienes buscan quebrantar el orden constitucional y representan una grave amenaza para la democracia.
“Bolivia desea alertar con profunda preocupación sobre una serie de hechos que amenazan gravemente el orden democrático, la institucionalidad y los derechos fundamentales de nuestro pueblo”, afirmó Aramayo en referencia a los conflictos iniciados a principios de mayo.
El conflicto se inició hace más de tres semanas y hay quienes “buscan quebrantar el orden constitucional mediante mecanismos de presión violenta, bloqueos coercitivos o estrategias de desestabilización institucional”, que no solo afectan al gobierno, sino también al sistema de garantías que protege los derechos y libertades de la población.
Según la posición oficial, las movilizaciones son impulsadas por grupos organizados que exceden el legítimo derecho a la protesta con la finalidad de “generar condiciones de desestabilización institucional, debilitamiento del gobierno constitucionalmente constituido y alteración del orden democrático”.
En ese marco, el ministro de Relaciones Exteriores presentó cinco peticiones para que el Consejo adopte las decisiones en relación con el conflicto que azota a Bolivia.
1. Reafirmar el compromiso hemisférico con la preservación del orden democrático y constitucional en Bolivia
2.Condenar toda forma de violencia política, cohesión organizada y acciones destinadas a alterar el normal funcionamiento institucional del Estado
3.Respaldar los esfuerzos del gobierno boliviano orientados al diálogo, la pacificación y la solución democrática y constitucional de las controversias.
4. Expresar solidaridad con el pueblo boliviano siendo el principal afectado por las consecuencias económicas y sociales derivadas de estas acciones.
5. Solicitar el acompañamiento político y el seguimiento atento del secretario general de la OEA en el marco de sus atribuciones y de los principios de la carta del organismo a fin de contribuir al fortalecimiento del diálogo democrático, la preservación de la institucionalidad y la paz social en nuestro país.
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