29 de octubre (Urgente.bo).- Los abogados del narcotraficante Sebastián Marset decidieron impugnar el registro de un celular incautado en Santa Cruz, hasta que el Gobierno estadounidense explique cómo obtuvo el control del dispositivo en Bolivia.

Según una publicación del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), agentes de la ley en Bolivia confiscaron tres teléfonos en la casa donde arrestaron a Marset el pasado 13 de marzo. Sin embargo, posteriormente se supo que también incautaron un cuarto teléfono en una vivienda contigua.

“Los abogados defensores afirman en su moción, fechada el 23 de octubre, que les resulta imposible determinar con certeza el momento en que se realizó el registro y si este se llevó a cabo a instancias de la DEA [Administración para el Control de Drogas] o si era válido de conformidad con la ley boliviana”, dice el medio especializado en seguridad. 

Los abogados agregaron que no fueron notificados sobre el cuarto teléfono, que durante meses fue una pieza clave de evidencia. Esta situación, según la defensa, obstaculizó sus esfuerzos y generó dudas sobre la integridad de la operación.

El reporte agrega que el dispositivo fue enviado desde Bolivia a la DEA a mediados de abril. Sin embargo, la defensa de Marset fue notificada a finales de julio.

“Al parecer, no se elaboró ningún informe contemporáneo sobre la cadena de custodia”, escribió el equipo de defensa de Marset al juez de distrito estadounidense Rossie Alston Jr., que preside el Distrito Este de Virginia.

Según consta en el documento, la DEA confirmó al equipo de la defensa que había extraído datos del teléfono sin una orden judicial. El agente argumentó que la búsqueda no requería una orden porque el acusado había dado previamente su consentimiento para revisar sus otros dispositivos.

El fiscal principal no respondió a la solicitud de comentarios antes de la publicación. La DEA declaró que “no comenta sobre acusaciones”.

La fiscalía sostiene que Marset utilizó los cuatro teléfonos para acceder a cuentas de criptomonedas.

Las cuentas de criptomonedas han ocupado un lugar destacado en las disputas previas al juicio. El equipo legal de Marset alega que agentes de la DEA intentaron engañar a su madre, de avanzada edad, para que les entregara las contraseñas de las cuentas que contienen su moneda digital. Posteriormente, según la defensa, le pidieron que "donara" sus 4 millones de dólares en criptoactivos.

“Una incautación no requiere pedirle a la madre del detenido una foto de una libreta con frases de acceso, que se usan para transferir fondos, no para custodiarlos. Tales contradicciones exigen una explicación, que aún no se ha proporcionado”, declaró a OCCRP Santiago Moratorio, abogado uruguayo de Marset.

En una audiencia judicial celebrada en septiembre, el agente principal de la DEA negó la acusación de que habían solicitado una donación.

En Bolivia, entretanto, se lleva adelante una investigación contra oficiales policiales que comandaron el operativo de captura por el presunto retiro irregular de maletas del inmueble donde fue aprehendido Marset. Dentro de este caso, dos oficiales cumplen detención preventiva y otros dos son buscados por las autoridades judiciales, que hasta el momento desconocen su paradero.

Sebastián Marset fue aprehendido la madrugada del 13 de marzo en el barrio Las Palmas, en Santa Cruz de la Sierra. Posteriormente, fue extraditado de inmediato a Estados Unidos por agentes de la DEA, donde enfrenta cargos por lavado de dinero, narcotráfico y narcoterrorismo.