La ley promulgada por Luis Arce para la suspensión de ejecución de sentencias por créditos impagos y de diferimiento de pago de créditos continúa vigente, pese a un recurso presentado contra la misma por el diputado Alejandro Reyes. Sin embargo, la suerte de esta norma puesta en vigencia en el epílogo del anterior gobierno pudo haber sido otra debido a la determinación de dos magistradas autoprorrogadas del Tribunal Constitucional Plurinacional, que admitieron el pedido del parlamentario. Lo que ocurre es que el mismo día que decidieron cesar en sus funciones, cambiaron de opinión y retiraron la firma a la ley que tiene en vilo al sistema bancario nacional y a los prestatarios afectados por la crisis económica.
El 11 de noviembre de este año, el parlamentario de la alianza Unidad presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta con la demanda de que el TCP declare inconstitucional la citada ley que fue promulgada en los últimos días del gobierno de Luis Arce. El diputado aseguró que este instrumento “genera impacto inmediato sobre la seguridad jurídica, previsibilidad normativa, estabilidad financiera y sobre el derecho patrimonial de acreedores y depositantes”. Añade que la impugnada ley “genera efectos materiales gravemente lesivos para el sistema financiero y para la economía nacional”.
El recurso presentado coincidió temporalmente con una cresta de críticas contra los autoprorrogados del TCP y del Tribunal Supremo de Justicia, que fue creciendo conforme pasaban los días. Incluso los propios magistrados electos de manera legítima en el proceso de diciembre del 2024 asumieron acciones judiciales para separar a las autoridades cuestionadas que se habían fortalecido principalmente en el anterior gobierno.
“Ha lugar la solicitud de medida cautelar impetrada, conforme a los fundamentos expuestos en el apartado II.4 del presente autoconstitucional; y, por consiguiente se dispone la suspensión provisional de la aplicación de la Ley Excepcional y Ejecución de Sentencias de Procesos Judiciales por Créditos de Vivienda de Interés Social y Diferimiento de Créditos otorgados para Vivienda Social y Créditos a la Unidad Económica de Tamaño Micro y Pequeña (…) y de todos los actos emergentes de dicha ley, así como el tratamiento de cualquier otra normativa vinculada a la cuestión planteada, hasta que este Tribunal, previo sorteo de la causa, dicte la respectiva Sentencia Constitucional Provisional”, señala la resolución de la citada Comisión de Admisión a la que accedió el periódico digital Urgente.bo.
La resolución de admisión no fue firmada por la entonces presidenta de la Comisión de Admisión Paola Prudencio Candia, quien fue elegida precisamente Titular del TCP, el 25 de noviembre, precisamente luego de que la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Potosí determinó la cesación inmediata del mandato a los prorrogados. Poco después de este fallo, un juzgado de Santa Cruz determinó la aprehensión de los juristas que habían definido extender su gestión, a pesar de que no era legal.
Ese mismo 25 de noviembre, los autoprrogados determinan un auto constitucional que determina el fin de sus mandatos al cabo de 10 días. Las autoridades en cuestión eran Gonzalo Zamorano, Yván Espada, Isidora Jiménez, Julia Cornejo y Karem Gallardo. Pero ahora se conoce que esa misma jornada las dos integrantes de Comisión de Admisión que suspendieron la ley promulgada por Arce cambiaron de decisión y retiraron sus firmas.
Tras argumentar que el accionante no realizó una “exposición clara, bastante y suficiente de la supuesta inconstitucionalidad, la magistrada Gallardo hace conocer su cambio de posición. “Retiro mi firma del proyecto de auto constitucional en cuestión. Por lo que corresponde determinar el rechazo de la acción de inconstitucionalidad abstracta intentada”.
Y según una carta enviada el mismo 25 de noviembre, la entonces magistrada Jiménez Castro informa que “procedo a retirar mi firma del proyecto correspondiente al expediente N° 78821-2025-158-AJA”.
Así, de acuerdo a los documentos a los que accedió el periódico digital Urgente.bo, el recurso presentado por el diputado Reyes aún no ha sido abordado oficialmente por el TCP, porque la Comisión de Admisión ha tomado una posición oficial al respecto.
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