Hay momentos en que una discusión política deja de ser sobre lo que realmente se dijo y empieza a convertirse en una disputa por imponer qué debemos entender de esas palabras. Eso es lo que ha ocurrido esta semana después del discurso del Presidente de Bolivia ante las Naciones Unidas.

Rodrigo Paz habló de Bolivia como un país de enorme diversidad cultural. Dijo que somos “diversas naciones, diversas culturas dentro de una sola nación”. Habló de los Andes, el Altiplano, los Valles y la Amazonía, y presentó esa diversidad como parte de la riqueza con la que Bolivia quiere integrarse al mundo.

Sin embargo, Jorge Richter, el exvocero presidencial de Luis Arce, tomó otra ruta interpretativa: convirtió la crítica presidencial a una determinada construcción ideológica y política en una supuesta expresión de desprecio, racismo y odio hacia campesinos, obreros, mineros e indígenas.

Y aquí debemos detenernos, porque una cosa es lo que el Presidente afirmó y otra, muy distinta, lo que se pretende hacer decir a sus palabras.

En ese discurso no encontramos una negación de los pueblos indígenas, una descalificación de los campesinos ni un llamado al odio contra los sectores populares. Encontramos una crítica política a una determinada construcción ideológica y a sus consecuencias.

Y cuestionar una ideología no es atacar a quienes viven una cultura: cuestionar un proyecto político no es discriminar una identidad; criticar a un gobierno, a un partido o a una corriente ideológica no convierte automáticamente esa crítica en una agresión contra el pueblo que esos actores dicen representar.

Ese salto interpretativo es precisamente lo que cuestionamos: “Cuando una ideología se confunde con una identidad”. Aquí la discusión deja de ser solamente coyuntural y adquiere una dimensión mucho más profunda.

El filósofo marxista italiano Antonio Gramsci entendió que el poder no se sostiene únicamente mediante la fuerza. También se construye en el terreno de las ideas, los valores, la educación, los símbolos, la Cultura y aquello que una sociedad termina aceptando como sentido común.

La hegemonía, en su pensamiento, no consiste simplemente en imponer una idea, sino en conseguir que una determinada visión del mundo alcance liderazgo intelectual y moral, y sea asumida ampliamente como legítima.

Por eso, Gramsci otorgó importancia a los intelectuales: no únicamente a los académicos, sino a quienes cumplen una función social en la elaboración, la organización y la difusión de ideas.

No estamos indicando que todo académico sea un operador político. Sería una simplificación. Estamos diciendo algo distinto: quienes producen las categorías con las que una sociedad interpreta su historia, su identidad y sus conflictos también participan en la disputa por el sentido.

Y ahí aparece la pregunta incómoda: ¿Qué ocurre cuando una ideología consigue confundirse con una identidad cultural?

Sucede que criticar la ideología empieza a presentarse como un ataque contra la identidad. Si una corriente política consigue instalar la idea de que representa de manera exclusiva a “lo indígena”, “lo campesino”, “lo popular” o “lo plurinacional”, entonces cuestionar esa corriente puede ser presentado como cuestionar a esos pueblos.

Ahí la secuencia es sencilla: se cuestiona una ideología, se la identifica con un pueblo, se convierte la crítica política en una agresión cultural y, finalmente, se descalifica al crítico como racista, discriminador u odioso. Ese es el momento exacto donde la hegemonía deja de ser una teoría y comienza a funcionar como sentido común.

Bolivia es diversa, esa es una realidad histórica, social y cultural. Podemos hablar de multiculturalidad cuando reconocemos la coexistencia de múltiples culturas. Pero nuestra Constitución incorpora además la interculturalidad: no solamente reconoce que somos diferentes, sino que plantea la relación entre esas diferencias desde el respeto, la igualdad y la convivencia.

Y existe una tercera dimensión: la plurinacionalidad, que constituye una categoría constitucional mediante la cual el Estado reconoce la existencia de diversas naciones y pueblos dentro de Bolivia.

No son conceptos que debamos enfrentar, son dimensiones diferentes de una misma realidad. Por eso, no cuestionamos la plurinacionalidad de Bolivia. No cuestionamos el reconocimiento constitucional de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, sus derechos colectivos, sus identidades, sus instituciones, sus saberes ni sus formas propias de expresión.

Lo que cuestionamos es otra cosa: que una determinada interpretación política pretenda convertirse en propietaria de esa plurinacionalidad y en intérprete exclusiva de esas identidades. Aquí es necesario aclarar que: la diversidad cultural no puede ser patrimonio de una corriente política.

La plurinacionalidad tampoco puede convertirse en una licencia para dividir a los bolivianos entre identidades políticamente autorizadas e identidades sospechosas.

La diversidad no es fragmentación, como tampoco la identidad no es propiedad partidaria. Y la diferencia no tiene por qué convertirse en confrontación.

Reconocer la historia de exclusión, racismo y discriminación que ha atravesado Bolivia es indispensable. Pero reconocer esa historia no significa condenar eternamente a los pueblos indígenas y campesinos al papel de víctimas pasivas. Son sujetos de derechos, y también son productores, trabajadores, empresarios, artistas, investigadores, profesionales, dirigentes, autoridades y protagonistas de su propio destino. Tienen voz propia y no necesitan que una ideología hable permanentemente en su nombre.

Por eso, resulta problemático que una crítica dirigida a una construcción política sea automáticamente traducida como una agresión contra quienes pertenecen a esos sectores. Recordemos que un pueblo no es una ideología, una cultura no es un partido político y una identidad no es un programa de gobierno.

El resultado es que durante años los símbolos, memorias y expresiones culturales han estado en el centro de disputas políticas y fueron secuestrados como identidad de un partido e ideología política. Por ejemplo, la Wiphala posee una milenaria significación cultural e histórica. La hoja de coca, el akullicu, las prácticas rituales, los usos y costumbres, los saberes comunitarios y las formas tradicionales de relación con el territorio forman parte de una memoria cultural transmitida durante generaciones y ninguno de ellos necesita un partido político para tener valor.

La hoja de coca no comenzó a existir con un gobierno. El akulliku no nació de un discurso político en la Organización de Naciones Unidas (ONU). Nuestros usos y costumbres no son una creación partidaria, son expresiones culturales con una historia mucho más larga que cualquier gobierno, partido o proyecto ideológico. Precisamente por eso debemos protegerlos de cualquier apropiación política.

La Wiphala no necesita enfrentarse a la Tricolor para tener dignidad; la Flor de Patujú no necesita convertirse en bandera partidaria para representar una identidad; la Tricolor no necesita negar nuestra diversidad para representar la unidad nacional. Una nación madura puede reconocer sus múltiples identidades sin convertirlas en armas de confrontación.

Porque cuando un símbolo, una práctica ancestral o una expresión cultural se transforma en instrumento partidario, comienza a cargar con una disputa política que no le pertenece. Por eso afirmamos que la cultura tiene poder, pero no tiene partido político.

La Cultura habla de territorio, memoria, espiritualidad, desigualdad, resistencia y de cómo una sociedad se entiende a sí misma. Precisamente por eso tiene poder y, por ello, debemos impedir que su fuerza sea reducida a una sola ideología.

Desideologizar la Cultura es impedir que una ideología se siga apropiando de ella. Quienes trabajamos desde el Derecho, el análisis político y la gestión cultural sabemos que la Cultura necesita políticas públicas, investigación, transmisión, inversión, protección y salvaguardia. Pero también precisa de Libertad para que una expresión cultural pueda ser reconocida sin convertirse automáticamente en una bandera partidaria. Libertad para que un pueblo pueda reivindicar su identidad sin quedar obligado a adoptar una determinada posición ideológica.

Por eso nuestra discusión no es contra la Cultura originaria campesina, no es contra lo popular, no es contra la plurinacionalidad y tampoco es contra la interculturalidad. Nuestra discusión es contra la utilización política de esas categorías para construir una frontera moral donde quien cuestiona una determinada narrativa termina acusado de odiar a quienes esa narrativa dice representar.

Porque cuando se atribuyen al adversario palabras que no pronunció y se transforma una crítica ideológica en una acusación de racismo y odio cultural, no se está defendiendo la Cultura, se está defendiendo una interpretación política de la Cultura, ¡esa diferencia es enorme!

La hegemonía cultural funciona precisamente cuando una determinada visión logra presentarse como la única legítima, como la única moralmente válida, como la única capaz de hablar en nombre del pueblo. Por eso debemos recuperar una idea elemental: nadie posee en exclusiva la representación de Bolivia, ningún partido posee en exclusiva a sus pueblos, ninguna ideología posee en exclusiva nuestras culturas, ningún sector puede convertir la identidad nacional en patrimonio de una corriente política. ¡Bolivia es mucho más grande!

Tal vez el desafío de nuestro tiempo sea devolverle a la Cultura toda su fuerza sin convertirla en instrumento de confrontación partidaria. Para que nuestros pueblos sean reconocidos por lo que son, no por la utilidad política que alguien encuentre en ellos. Que nuestras danzas puedan danzar, que nuestras lenguas puedan hablar, que nuestros símbolos puedan representar, que nuestros rituales puedan transmitir memoria, que nuestros conocimientos puedan ser protegidos. Sobre todo, que nuestra diversidad pueda convivir.

Porque si algo nos enseñó Gramsci es que la Cultura es un terreno decisivo de la disputa por el sentido. Y precisamente porque sabemos que la Cultura tiene ese poder, no debemos entregársela a ninguna hegemonía partidaria.

La Cultura tiene poder, pero no tiene partido; la diversidad tiene raíces, pero no necesita enemigos; la plurinacionalidad reconoce nuestra pluralidad; la interculturalidad debe ayudarnos a convivir dentro de ella. Y la unidad no exige que dejemos de ser diferentes, sino que aprendamos a reconocernos en nuestras diferencias.

Por eso, frente a quienes pretenden convertir una crítica política en una acusación de odio cultural, la respuesta debe ser clara: no confundamos al pueblo con una ideología, ni a la identidad con un partido, ni a la Cultura con una trinchera.

Desideologizar la cultura no es quitarle fuerza, es devolvérsela a los pueblos, a sus comunidades, a sus portadores, a su memoria y, finalmente, a Bolivia.

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