Bolivia vive nuevamente horas decisivas. Mientras miles de ciudadanos intentan continuar con sus vidas en medio de bloqueos, desabastecimiento, incertidumbre y tensión social, el país observa cómo sectores radicalizados han decidido llevar el conflicto político al límite, cercando al departamento de La Paz y sometiendo a la población a una presión que ya no puede interpretarse únicamente como protesta social. Cuando se paraliza un país, se condiciona el abastecimiento y se instala el miedo, la democracia deja de ser un espacio de diálogo para convertirse en un mecanismo de imposición.
Bolivia conoce demasiado bien las consecuencias de ese camino.
Durante años, el país escuchó hablar sobre terrorismo de Estado: el uso del poder político y del aparato estatal para perseguir, intimidar o silenciar a quienes pensaban diferente. El año 2019 dejó una profunda fractura política y social. Millones de ciudadanos salieron a las calles defendiendo su voto y denunciando irregularidades electorales. La respuesta fue confrontación, persecución y una narrativa destinada a desacreditar la protesta ciudadana.
Sin embargo, hoy Bolivia enfrenta una contradicción aún más peligrosa.
¿Y qué tienen en común en Bolivia el terrorismo de Estado y el terrorismo contra el Estado? La respuesta conduce al mismo protagonista político: Evo Morales.
Durante años, su liderazgo fue señalado por utilizar el poder estatal como herramienta de control político, persiguiendo y desacreditando a sectores que cuestionaban su permanencia en el poder. Pero la crisis actual revela una transformación igual de preocupante. Hoy, aunque ya no controla formalmente el aparato estatal, mantiene una fuerte influencia sobre estructuras sindicales y movimientos sociales capaces de paralizar al país y ejercer presión sobre las instituciones democráticas.
Ahí aparece la peligrosa paradoja boliviana: lo que antes fue denunciado como terrorismo de Estado, hoy muta en terrorismo contra el Estado. Antes, el poder era utilizado desde las instituciones para conservar control político; ahora, la presión social y la confrontación son utilizadas para desgastar al propio Estado y condicionar el rumbo democrático del país.
Cuando se paraliza al país mediante bloqueos, se somete a la población al desabastecimiento y se intenta imponer intereses personales por encima del orden democrático, ya no estamos frente a una simple movilización social. Estamos frente a una estrategia de desgaste nacional que pone en riesgo la estabilidad institucional y la convivencia democrática.
Lo más grave es el mensaje que se intenta instalar: que si la democracia ya no favorece determinados intereses, entonces debe ser debilitada hasta ceder ante la presión.
Bolivia ya habló en las urnas. Existe una ciudadanía cansada del caudillismo, de la confrontación permanente y de la idea de que el país debe girar eternamente alrededor de una sola figura política. Hoy millones de bolivianos exigen institucionalidad, alternancia democrática y un Estado donde nadie esté por encima de la ley.
La defensa de la democracia no puede depender de colores políticos. No importa si el abuso proviene desde el poder o contra el poder: ambos destruyen instituciones y terminan castigando a la población más vulnerable.
Bolivia necesita firmeza democrática y responsabilidad histórica. Porque cuando la ambición política convierte al país en rehén de un solo liderazgo, el problema deja de ser ideológico y se transforma en una amenaza nacional.
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