22 de agosto (Urgente.bo).- La Defensoría del Pueblo, en su informe anual de la gestión 2022, recomendó pedir el cumplimiento de la Ley 494, referida al cierre del centro penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz y la construcción del proyecto Complejo Penitenciario.
El documento de la Defensoría realiza 30 recomendaciones al Estado para precautelar el cumplimiento de las obligaciones internacionales en cuanto a las personas privadas de libertad. Es así que se recomendó pedir el cumplimiento de la Ley 494, referida al cierre de la cárcel de San Pedro y la construcción del proyecto Complejo Penitenciario para el departamento paceño.
La Defensoría también recomienda realizar el relevamiento de la infraestructura carcelaria a nivel nacional; acciones en beneficio de la población vulnerable privada de libertad, en especial madres, personas con enfermedades terminales, adultos y personas con discapacidad física y/o mental, según el documento.
También sugirió elaborar una propuesta para mejorar los servicios de salud en centros penitenciarios y analizar la cobertura ambulatoria en celdas policiales, además de incrementar las jornadas de descongestionamiento carcelario y llevar a cabo acciones conjuntas con el Ministerio Público con el fin de reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios.
La Defensoría indicó poder realizar un estudio técnico y estadístico sobre el uso de la detención preventiva con el objetivo de identificar las causas de su uso excesivo y analizar las posibles soluciones.
Pedro Callisaya, defensor del pueblo, explicó que este primer informe agrupa los resultados de las 273 visitas realizadas por el MNP-Bolivia a diferentes centros penitenciarios, centros de reintegración social, celdas policiales, centros de acogimiento para niñas, niños y adolescentes, hospitales psiquiátricos y centros de formación militar, donde se evidenció la situación de las personas que viven en privación de libertad o bajo custodia del Estado.
Remarcó que, en cuanto a los centros penitenciarios, hay un tema que alarma y es el que se refiere a la población penitenciaria registrada entre marzo de 2022 y diciembre de 2022, que se incrementó de 20.002 a 24.824 personas privadas de libertad. “Esto llama la atención, porque el alto porcentaje de personas privadas de libertad con detención preventiva invita a que repensemos cómo estamos utilizando dicha medida”, cuestionó Callisaya.
