15 de marzo (Urgente.bo).- La Defensoría del Pueblo identificó fallas estructurales en el acceso a la Justicia en la implementación de la Ley 348 para "Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia" y emitió recomendaciones a 40 instituciones del Estado para fortalecer la prevención, atención y sanción de la violencia de género.
Entre los problemas se encuentra la baja respuesta del sistema judicial frente a las denuncias. Entre el 2013 y 2014 se registraron más de 439 mil denuncias por violencia familiar, doméstica y otras formas de violencia de género; sin embargo, solo el 5,7% tuvo sentencia condenatoria.
“El análisis evidencia debilidades estructurales en el acceso a la Justicia para las mujeres víctimas de violencia, lo que limita la aplicación efectiva de la normativa”, señala el informe.
Asimismo, advierte sobre la una “cifra negra” de violencia debido a que los casos no llegan a las autoridades. Ocho de cada diez mujeres víctimas no presentan denuncia, lo que implica que el sistema institucional solo invierte en una parte de los hechos de violencia.
Otra falla es la asignación de los recursos públicos para enfrentar el problema. Según el informe, el Estado destina un promedio de 589 millones de bolivianos al sistema de protección de los cuales el 52% es para la atención de las víctimas, el 40% al acceso a la Justicia y solo el 8% a acciones de prevención. En conclusión, El costo social y económico de la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes es entre 3.900 y 4.700 millones de bolivianos por año.
Ante esta situación, la jefa de la Unidad de Derechos Generacionales y Género de la Defensoría del Pueblo recomendó “fortalecer la prevención, sanción y reparación de la violencia de género, garantizando la protección de los derechos de las mujeres y evitando retrocesos en los avances alcanzados”, concluyó.
