La Paz, 31 de enero (Urgentebo.com).- El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza presentó este jueves un estudio realizado en las ciudades de El Alto y Santa Cruz, donde se evidencia que el principal obstáculo en la implementación de la Ley 348, norma que debería garantizar a las mujeres una vida libre de violencia; es el rechazo de casos por el Ministerio Público.
“Este estudio lo que ha visibilizado es que el mayor cuello de botella que existe, es en el Ministerio Público debido a la alta estadística de casos que son rechazados y de acuerdo a las estadísticas proporcionadas de 23.415 casos que fueron realizadas en la gestión 2017, 13 mil fueron rechazadas”, dijo Lourdes Flores, abogada del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza.
Este dato revela un alto indicie de rechazos de denuncia de víctimas de violencia, ya sea por el abandono de las denuncias o dificultades en las actuaciones procesales.
El estudio también señala como otra dificultad la falta de especialización en temas de violencia por los distintos servidores públicos del Ministerio Público y los juzgados especializados, “ciertamente sí tiene el nombre (Juzgado Especializado) pero lamentablemente muchos de los administradores de justicia carecen de esta especialización que debería ser requisito para ejercer estos cargos”, cuestionó Flores.
Otra de las dificultades es en el tema de los servicios legales integrales municipales (SLIMs), que si bien existe protocolos de atención a las víctimas de violencia, muchas veces los mismos deben ser adecuados a los cambios procesales o a los requerimientos que tiene la víctima para evitar la revictimización y la retardación de justicia en las actuaciones procesales, “… es necesario trabajar en Protocolos adecuados a cada contexto en El Alto como Santa Cruz”, aclaró.
Ademá
“De 15 casos de violencia que ingresan al día a la FELCV, no se puede abastecer la atención a estos casos de violencia… por más voluntad que tengan los investigadores”, lamentó.
Este estudio también ha visibilizado la necesidad de fortalecer espacios de capacitación y sensibilización a los servidores públicos en casos de violencia.
“El continuo cambio, la inestabilidad laboral, genera también que estos servidores públicos no puedan atender con eficiencia a las víctimas de violencia”, acotó.
Por lo tanto una de las principales recomendaciones del estudio es que el Estado priorice dos temas: recursos y fortalecimiento institucional, que implica destinar suficientes recursos económicos para fortalecer a las instituciones encargadas de prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, y la voluntad política para el fortalecimiento institucional.
“La especialización de jueces, fiscales, policías y personal subalterno resulta urgente con miras a prevenir las desestimaciones y rechazos de denuncias, además de la implementación de políticas para cambiar la cultura de impunidad, no solamente judicial sino también social”, dice parte del documento.
