20 de marzo (Urgente.bo).- En Bolivia existe un debate insistente sobre si hubo  fraude electoral o golpe de Estado. Desde hace semanas es el tema que se discute entre políticos y organizaciones sociales.

Los hechos que se ponen en discusión ocurrieron en noviembre de 2019, específicamente entre el 10 y 12. Por una parte, el Gobierno y organizaciones sociales afines juran y perjuran que fue golpe de Estado lo que ocurrió entre esas fechas, pero la oposición lo contradice.

Algunos analistas consideran que el origen de la coyuntura político social que vive el país es el no respeto al referéndum realizado el 21 de febrero de 2016, cuando la población dijo que Evo Morales no puede repostularse a un cuarto mandato.

“El MAS está diciendo que se ha vulnerado los resultados del 2019, que no hubo fraude; más bien lo que se quiere tapar es el 21F, un referéndum del 2016 que Evo Morales lo perdió. Evo no debió ser candidato el 2019 y cuando lo fue ese fue la raíz del problema que actualmente tenemos”, explicó el analista político Paul Coca.

Cronología

21 de febrero 2016. El gobierno de Evo Morales decide consultar a la población, en un referéndum, si aceptaban cambiar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE) que establece que solo puede existir la reelección presidencial por una sola única vez.

El resultado de aquella consulta fue clara, el 51.3% le dijo No, no se puede modificar la CPE, lo que significaba un no a la reelección de Morales.

Pese a que el entonces presidente repitiera una y otra vez que respetará la decisión del pueblo, el 2019 se repostuló incumpliendo la CPE. ¿Cómo lo hizo?

28 de noviembre 2017. Por pedido de asambleístas del MAS, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un fallo en el que da luz verde para que Morales se repostule, pese a los resultados del referéndum del 21 de febrero. El argumento era que si Morales no se repostula, se estaría violando su derecho a elegir y ser elegido.

Desde entonces, decenas de ciudadanos y políticos opositores reclamaron el respeto al referéndum del 21F. Con marchas, cabildos, movilizaciones y huelgas se exigía que se respeten los resultados, pero el pedido nunca fue escuchado.

1 de septiembre 2018. Sorpresivamente, los dos tercios del MAS de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprueba la Ley de Organizaciones Políticas. Dicha norma adelantaba la realización de elecciones primarias para la elección de candidatos.

La realización de este proceso terminaría por generar una crisis en el Tribunal Supremo Electoral, con la renuncia de varios vocales.

4 de diciembre 2018. La Sala Plena decide habilitar a Evo Morales como candidato, pese a lo establecido en la CPE y los resultados del referéndum del 21F.

Ese anuncio aumentó un nivel más las protestas. La crisis se agravaba un poco más, porque se registraron paros cívicos y movilizaciones.

17 de mayo 2019. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en su visita al país, defendió que "sería absolutamente discriminatorio" que el presidente Evo Morales no se pudiera presentar a la reelección.

Pese a protestas, exigencias de que se respeten los resultados del referéndum que dijo no a una nueva repostulación de Morales, llega el día de las elecciones.

20 de octubre 2019. Los bolivianos acudieron a las urnas. Por la noche, la población seguía los resultados del conteo rápido y todo apuntaba a que habría una segunda vuelta entre el primero (Evo Morales) y el segundo (Carlos Mesa).

Al filo de las 20.00, el conteo de votos quedó estancado al 83.85%, esa paralización generó mucha susceptibilidad, la oposición advertía de un fraude electoral.

La misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) reclama al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que justifique por qué detuvo la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

21 de octubre 2019. La TREP cambia de tendencia drásticamente y Evo Morales ganaría en primera vuelta. El expresidente y candidato Carlos Mesa denunció un “fraude escandaloso”.

Debido a esa denuncia, iniciaron las manifestaciones ciudadanas y se produjeron enfrentamientos con la Policía. La situación ya se había agravado aún más, porque las oficinas de tribunales electorales en tres departamentos fueron quemadas. El caos iniciaba.

22 de octubre 2019. Se declara el paro cívico nacional indefinido desde el 23 de octubre por las sospechas de fraude. Exigen al TSE declarar la segunda vuelta. OEA y UE manifiestaron preocupación y sorpresa por el cambio de tendencia en el conteo de votos. En medio de esa crisis, el vocal Antonio Costas presentó su renuncia.

Ante la gravedad del conflicto y la tendencia a agudizarse más la crisis, el entonces Gobierno de Evo Morales solicitó a la OEA una auditoría vinculante del proceso electoral. El organismo no dudó en aceptar.

Mientras la población se había volcado a las calles, la demanda de segunda vuelta ya no era válido, lo que pedían era nuevas elecciones.

23 de octubre 2019. La crisis se agudizó aún más con el paro indefinido que se extendió a toda Bolivia. La OEA reitera que se debe ir a una segunda vuelta aun si la diferencia entre los dos candidatos más votados es superior al 10% con “cifras ínfimas”.

24 de octubre 2019. La situación parecía no mejorar. Evo Morales, en una concentración realizada en Cochabamba, ofrece dar talleres y seminarios a las personas sobre cómo bloquear. “Me he sorprendido, ahora dos, tres personas amarrando ‘pititas’, poniendo ‘llantitas’, qué paro es ese”, dijo.

25 de octubre 2019. Pese a las protestas, movilizaciones y sugerencia de ir a una segunda vuelta, al 100% del conteo oficial, el TSE anuncia la victoria del MAS de Evo Morales con el 47,08% de los votos, mientras que CC de Carlos Mesa suma 36,51%, quedando descartada una segunda vuelta.

26 de octubre 2019. Evo Morales amenaza con cercar a las ciudades en caso de que el paro cívico, los bloqueos y manifestaciones continúen.

Noviembre de 2019. Parecía muy lejana una solución a la crisis en la que se había sumido Bolivia por denuncias de fraude electoral y las irregularidades detectadas. El pedido ya no era segunda vuelta entre Morales y Mesa, tampoco nuevas elecciones, ahora el pedido de la población movilizada era la renuncia de Morales por presuntamente hacer fraude electoral. Hasta entonces ya se habían producido varios enfrentamientos, incluso se registraron fallecidos.

8 de noviembre 2019. Policías de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) se amotinan en Cochabamba. A la medida de protesta se suman todos los efectivos en los nueve departamentos del país.

9 de noviembre 2019. Ante la gravedad de la situación y el descontrol que se había generado, Morales convocó a un diálogo a los partidos políticos que ganaron escaños en los comicios del 20 de octubre, pero no a los comités cívicos que impulsan las protestas para que renuncie. Carlos Mesa y el resto de candidatos rechazan el llamado.

Llega el 10 de noviembre 2019.  Al pedido renuncia de Evo Morales se sumaron organizaciones sociales como la COB, instituciones como la Defendería del Pueblo. Por su parte, con ánimo de pacificar el país, la Policía y las Fuerzas Armadas sugirieron al mandatario renunciar.

El hecho de que la Policía y las FFAA hicieran esa sugerencia es calificado como parte del golpe de Estado.

Al no tener salida, Morales decide renunciar después de que la OEA emitiera un informe preliminar de la auditoría electoral que detectó serios indicios de fraude en las elecciones del 20 de octubre.

Tras la renuncia de Evo, varias autoridades del Legislativo hacen también pública su renuncia. También autoridades de algunas gobernaciones e instituciones públicas. A partir de ahí inicia el relato de golpe de Estado.

El conflicto se extendió hasta la fecha con la aprensión de Jeanine Áñez, que se proclamó presidenta por sucesión constitucional porque le correspondía  en la lista de sucesión, según algunos políticos e incluso la Iglesia.