Bolivia atraviesa una de las crisis multidimensionales más graves de su historia, ahogada por la escasez de dólares, una estanflación desbordada y el peso de la reciente liberalización de los carburantes. Esta última medida es el ejemplo más claro de un Ejecutivo que titubea y decide tarde: aunque el sinceramiento del precio del diésel era un ajuste inevitable, implementarlo a destiempo no soluciona el problema de fondo y solo echa más leña al fuego de una próxima convulsión.

A este escenario se suma un déficit de representación diplomática inédito: la falta de embajadores ante las Naciones Unidas y Estados Unidos. Esta acefalía evidencia la improvisación crónica de la Cancillería y priva al país de canales directos de negociación cuando más los necesita. La diferencia con los vecinos es abismal. Mientras gestiones recién iniciadas como las de Fujimori, en Perú, o de la Espriella, en Colombia, designaron a sus emisarios en Washington en cuestión de semanas —el periodista Álvaro Vargas Llosa y la excanciller María Consuelo Araújo, respectivamente—, Aramayo, Huanca y el presidente Rodrigo Paz Pereira continúan consultando algún oráculo.

En este contexto crítico, y a pocas horas de que Paz Pereira hable ante la Asamblea General de la ONU, se prevé que intentará vender al mundo la retórica de que Bolivia es un país en franca recuperación. Previsiblemente, su discurso buscará convencer a las delegaciones presentes, a los organismos internacionales y al empresariado global de que el país ha dado la vuelta a la página tras casi dos décadas de populismo masista, mostrando la imagen de una nación moderna y abierta a la inversión externa. Sin embargo, la realidad que enfrenta es incompatible con esa narrativa.

La reunión celebrada el lunes entre Paz Pereira y el secretario de Estado Marco Rubio en Nueva York se convirtió en un nuevo punto de partida de la relación bilateral. Fue el primer encuentro de alto nivel entre ambos gobiernos después de que Estados Unidos descertificara a Bolivia por su fracaso sistemático en la lucha contra el narcotráfico.

El “readout” estadounidense fue breve, técnico y revelador. Rubio escribió en su cuenta oficial de X: “Reunión productiva con el presidente boliviano en la Asamblea General de la ONU. Nuestra relación crítica con Bolivia es fundamental para los planes del país de obtener apoyo del Fondo Monetario Internacional y para reformar sus sectores de combustibles, minería y energía.”

En contraste, Paz Pereira publicó: “Me reuní con el Secretario de Estado. Hablamos de cómo lograr que nuestros productos lleguen al mercado más grande del planeta… y hablamos de algo fundamental que es la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y quienes se mueven en lo ilícito, sin excepciones.”

Mientras Rubio se concentró en platita, Paz Pereira intentó proyectar una agenda amplia que incluía comercio, clima, seguridad, narcotráfico, terrorismo, institucionalidad y fortalecimiento de la Policía y las Fuerzas Armadas.

La asimetría revela la actual distancia entre ambas percepciones: Washington está en modo “evaluación económica”, no en modo “alianza de seguridad”, al menos por ahora. Estados Unidos habló de economía, FMI y reformas sectoriales. Ni una sola palabra sobre narcotráfico, descertificación, seguridad, Chapare o Evo Morales. Ese silencio es un mensaje.

En los pasillos de poder del Distrito de Columbia, la frase que resume esta tensión es inquietante: “Bolivia quiere ser tratada como socia, pero actúa como una nación en observación.”

La Embajada de EE. UU. en La Paz fue aún más directa. El 15 de septiembre pasado publicó un comunicado que abandonó toda sutileza diplomática y fijó una advertencia: “Estados Unidos no tolera la narcopolítica en el hemisferio, y nadie está exento. El caso de Ecuador lo demuestra: el Departamento de Estado designó públicamente a siete exfuncionarios ecuatorianos —incluidos exjueces, un exlegislador y un exdirector penitenciario— por corrupción vinculada a organizaciones terroristas. Estos exfuncionarios manipularon procesos judiciales y electorales para beneficiar a redes narcoterroristas que envenenan a nuestras comunidades. Como resultado, ellos y sus familiares directos ya no pueden ingresar a EE. UU. El mensaje es claro: sin importar el cargo o el país, Estados Unidos usará todas las herramientas a su alcance para encontrar y desenmascarar a todos los que abusen de sus puestos —incluidos legisladores, fiscales, jueces y cualquier otro funcionario— para facilitar la corrupción gubernamental y el narcotráfico.”

Este pronunciamiento es crucial, revelador y deja clara la posición de Trump: Washington decidió eludir por completo a los tres poderes gubernamentales bolivianos y actuar directamente contra funcionarios corruptos y sus familias. Es una advertencia explícita para el entorno de Paz Pereira: si sus ministros, legisladores o representantes están comprometidos, Estados Unidos los aislará, los incluirá en listas negras y los acusará formalmente desde el exterior.

Desde el Pentágono, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anticipó esta postura al afirmar que “Bolivia no debe permitirse caer presa del viejo statu quo de dominación narcoterrorista en la región”, dejando evidente que la seguridad hemisférica ya no tolerará zonas grises.

El martes, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el presidente Donald Trump declaró que “los carteles son el ISIS del hemisferio occidental”, calificándolos como “enemigos en guerra con la civilización, que utilizan el asesinato, la violación, la tortura y la extorsión como instrumentos de terror”. Insistió en que estas organizaciones deben ser tratadas como combatientes enemigos, e instó a los aliados latinoamericanos a unirse al “Escudo de las Américas” clasificando a los carteles como terroristas extranjeros. Finalmente, Trump lanzó una contundente advertencia a los socios de la región para que tomen medidas decisivas, dejando en claro que, si no logran recuperar el control, Estados Unidos intervendrá directamente para eliminar la amenaza.

Ya por la tarde del mismo día, y ante los presidentes miembros del Escudo de las Américas, Trump añadió: “Durante años los carteles han librado una guerra contra los pueblos de este hemisferio. Ahora nosotros estamos librando una guerra contra ellos.” El mandatario instó a los líderes reunidos a designar formalmente a los narcoterroristas como amenazas comunes y a aplicar sanciones aplastantes contra cualquier organización narco, lanzando el ultimátum: “Avísennos y los eliminaremos, o elimínenlos ustedes mismos… si no pueden, nosotros lo haremos por ustedes.” Asimismo, el presidente norteamericano pidió proteger la riqueza natural de la región frente a potencias externas hostiles para asegurar el control de los oleoductos, elementos de tierras raras y corredores agrícolas, concluyendo con la promesa de que “los recursos de las Américas siempre deben pertenecer a los pueblos de las Américas” y que Estados Unidos los respaldará en todo.

Es importante recordar que el Palacio Quemado omitió el hecho de que Washington venía enviando señales claras sobre la inminente descertificación. El hito más contundente ocurrió durante la gira de Rubio por los países andinos, en la cual evitó incluir a Bolivia en su itinerario. Mientras Rubio prometió a las naciones vecinas paquetes de ayuda suplementaria, asistencia militar y acuerdos de preferencia comercial, Bolivia fue dejada al margen.

Se puede argumentar que la decisión de Rubio de excluir al país de su gira andina fue una retirada táctica por el escándalo Cerimedo y el impacto de la incómoda fotografía de la reunión de alto nivel en Florida de marzo pasado. En las relaciones internacionales, la percepción suele convertirse en realidad, y la imagen de Rubio junto a Cerimedo transformó a Bolivia en un lastre diplomático. Al limitar su itinerario a Colombia, Perú y Ecuador, Rubio evitó que la prensa lo retratara junto a un Paz Pereira agobiado en pleno pico del embrollo. Así, Washington tomó una distancia física y temporal clave para proteger su agenda de seguridad hemisférica de un evidente desastre de relaciones públicas.

Hoy, mientras se gesta un “Plan Colombia 2.0”, Bolivia ha sido apartada de los paquetes de ayuda suplementaria y de las reprogramaciones militares que sí favorecieron a Colombia, Perú, Ecuador y Panamá. La reunión con Rubio en Manhattan no revirtió esa exclusión por el momento.

El escándalo Cerimedo encaja perfectamente en este escenario. La detención del consiglieri de Paz Pereira por su presunta participación en un fallido atentado de sicariato destapó una red de protección a narcos y lavado de activos que involucra a mandos policiales y estructuras de inteligencia, además de algunos burócratas gubernamentales.

La falta de interdicción aérea en Bolivia, lejos de ser un problema técnico, parece responder a un esquema de encubrimiento institucionalizado. La conexión entre Cerimedo, el teniente coronel Eric Correa González y otros altos mandos policiales reveló un sistema de filtración de información, manipulación de inteligencia y protección de vuelos irregulares que facilitaba el tránsito diario de pasta base hacia Brasil y Paraguay.

Los radares franceses, adquiridos por 214 millones de dólares, permanecen apagados o desarticulados, pese a haber demostrado su capacidad para detectar miles de vuelos irregulares. La interdicción aérea y terrestre es prácticamente inexistente, reforzando la percepción de un Estado capturado.

La inacción deliberada ha convertido al país en una mega plataforma logística del Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho, consolidando centros de acopio en Beni, Pando y Santa Cruz. Incluso ha comenzado a detectarse la presencia de un cartel de bolivianos operando desde Santa Cruz, ampliando la arquitectura criminal.

A este contexto se suma la complicidad de un sistema judicial vendido: jueces que liberan a los principales implicados en escándalos, desde el contrabando de oro a Dubái hasta el caso maletas.

En lo financiero, si bien en Bolivia no opera un secreto bancario absoluto, existe un régimen de reserva en el que el acceso a la información bancaria depende de trámites. Frente a la magnitud del crimen transnacional, sostener reservas relativas o trabas para auditar el sistema financiero se convierte en un salvoconducto implícito de impunidad. Un país en emergencia no puede permitirse barreras burocráticas; la transparencia financiera debe ser inmediata para permitir la fiscalización de las cuentas mafiosas.

La detención del coronel de la FAB Henry Crespo Guzmán, acusado por la DEA de facilitar el envío de más de 1.000 kilos de cocaína, confirma que la corrupción no es anecdótica: es estructural.

La justificación técnica de la descertificación encuentra sustento en los datos de la UNODC: la superficie de cultivos de coca creció un 7 %, la erradicación colapsó un 73 % y la capacidad potencial de producción alcanzó 427 toneladas métricas de cocaína pura al año.

Por ende, la reciente descertificación es el veredicto más contundente. Al emitir la Determinación Presidencial sobre los Principales Países de Tránsito o Producción de Drogas Ilícitas, Trump colocó nuevamente a Bolivia en la lista de países que, según Washington, no realizaron esfuerzos sustanciales para cumplir sus obligaciones internacionales en materia de control de narcóticos.

El memorando fue explícito: “La corrupción endémica en Bolivia continúa facilitando el tráfico de drogas y obstruyendo las investigaciones de las fuerzas del orden.” Rubio, durante su reciente gira andina, reforzó esta lectura al señalar que Bolivia enfrenta graves desafíos antinarcóticos y enormes dificultades para gobernar debido a los remanentes del MAS incrustados en el aparato estatal.

En opinión de algunos expertos de think tanks que siguen la situación antidrogas en América Latina, otra razón de la descertificación fue que Bolivia aún no había capturado a Morales.

El diagnóstico de la inoperancia antidrogas boliviana es la conclusión dominante en Washington. En un reciente análisis del Center for Strategic and International Studies (CSIS), el experto R. Evan Ellis advierte sobre la severa crisis de gobernanza que atraviesa el país, señalando que el Ejecutivo navega en un campo minado de descontento social e instituciones fragmentadas, cercado por fuerzas criminales y por bloqueos orientados a garantizar la impunidad de Morales. Cuando los centros de pensamiento más influyentes alertan sobre la falta de control territorial, las promesas presidenciales en foros internacionales pierden todo nexo con la realidad. Por ello, no sorprende que la administración estadounidense ahora hable más de economía que de seguridad.

El trasfondo de esta desconexión radica también en la ambigüedad ideológica de Paz Pereira. Él mismo ha declarado que no es de izquierda ni de derecha, y esa indefinición se traduce en una política exterior errática: un día busca alineamiento con Estados Unidos y al siguiente coquetea con el BRICS. Esta oscilación no solo desorienta, sino que deja a Bolivia sin un norte estratégico claro. Para los analistas de seguridad en Washington, el indicador definitivo de si Paz Pereira es un socio serio y confiable —o un tercer gobierno masista encubierto— radica en su capacidad para someter a la ley al verdadero líder del crimen transnacional y narcoterrorista en Bolivia: Evo Morales.

La coexistencia pactada con operadores masistas dentro del aparato estatal, sumada a la tolerancia hacia Morales, alimenta la percepción de que el gobierno no ha decidido si enfrentará al narcotráfico frontalmente o si seguirá administrando la incomodidad política del Chapare sin tocar el fondo del problema.

La ausencia de una estrategia antinarcóticos efectiva agrava esta incertidumbre. La designación interina de Freddy Monasterios como viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas —un funcionario que ya operaba bajo el gobierno de Arce en esa repartición— fue interpretada como una señal de continuidad con los equilibrios de impunidad del pasado.

Durante diez meses, Estados Unidos ha venido extendiendo la mano a Bolivia: firmó un convenio de seguridad de 20 millones de dólares, aplaudió el restablecimiento de lazos operativos con la DEA e integró a La Paz en el marco del Escudo de las Américas. La publicidad mediática de ciertos operativos —como la extradición de Marset— fue presentada por La Paz como prueba de una nueva era. Sin embargo, la retórica no se ha traducido aún en logros duraderos y las dudas siguen creciendo.

Para Washington, la paciencia se está agotando: solo tomará en serio al gobierno boliviano cuando purgue a los operadores masistas, depure a los mandos policiales y militares serviles a las mafias y demuestre decisión para capturar y extraditar a Morales. Sin esos pasos, Bolivia no podrá sostener credibilidad dentro de la Alianza Anticártel de las Américas ni mantener el paraguas financiero y de seguridad norteamericano.

Sin embargo, la historia demuestra que Bolivia puede lograr resultados cuando ejerce una diplomacia seria y adopta un plan antidrogas efectivo. Durante las negociaciones del Plan Colombia en 2000, la embajada boliviana en Washington obtuvo un paquete suplementario de 110 millones de dólares encima de la ayuda regular, y abrió paso a beneficios arancelarios concretos para las exportaciones bolivianas.

La pregunta ahora es qué hará Bolivia para no volver a ser descertificada. Una opción sería invitar a la zar antidrogas de EE. UU., la directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, Sara Carter, y a Kristi Noem, encargada del Escudo de las Américas, para que visiten el país y constaten sobre el terreno sus esfuerzos y necesidades operativas. A la par de estas invitaciones, La Paz debe gestionar su adscripción al paquete de financiamiento suplementario de 1.000 millones de dólares prometido por Rubio a Colombia, procurando un trato proporcional, además de buscar ser parte de cualquier negociación comercial con los países andinos.

Además, Paz Pereira debe nombrar de inmediato a su embajador en Estados Unidos; es indispensable para reconstruir canales diplomáticos y ejercer un lobby efectivo. Presentar un plan antinarcóticos creíble, con metas claras, y concretar una profunda depuración institucional de masistas son pasos indispensables para recuperar la confianza del gobierno de Trump y del Congreso de EE. UU. Para sumar credibilidad, Bolivia debe pasar de la retórica a los hechos: activar la interdicción territorial y aérea, fortalecer la persecución financiera de las mafias, erradicar cocales excedentarios y demostrar que ningún líder criminal está por encima de la ley.

Washington ha dejado claro que no ofrecerá cobertura política ni salvavidas financieros a un gobierno que tolere la narcopolítica, preserve redes de impunidad o posponga decisiones esenciales.

Quienes hemos negociado en los pasillos de Washington el ATPA, el ATPDEA y el Plan Colombia aprendimos una regla de oro de boca de los propios staffers del Congreso: EE. UU. concede el beneficio de la duda, pero no regala ayuda ni envía recursos por inercia. El apoyo se solicita, se justifica y se defiende simultáneamente ante el Congreso y el Ejecutivo.

Con un país descertificado, sumido en una severa crisis económica y de gobernabilidad y sin representación plena en las plazas diplomáticas decisivas, Bolivia ya no puede permitirse la neutralidad, la inacción o la vacilación. Y el tiempo de las ambigüedades debe terminar. El dilema es claro: o reconstruye la autoridad del Estado, somete a la justicia a quienes se creen intocables y recupera la confianza de sus socios internacionales, o se resigna a que la incertidumbre, la impunidad y el narcotráfico definan su lugar en el mundo.

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