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Foto: @rtp_bolivia

28 marzo (Urgentebo.com).- Choferes de base formalizaron este jueves una denuncia penal ante el Ministerio Público en contra de los dirigentes de la Federación Departamental de Choferes 1° de Mayo por los presuntos manejos irregulares del aporte de 0,20 centavos en el peaje de la Autopista La Paz-El Alto. 

“Nosotros estamos presentando la denuncia bajo los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y legitimación de ganancias ilícitas. Bajo ese contexto nosotros nos estamos apersonando al Ministerio  Público para que ellos puedan llamarlos a estos señores y puedan hacer los descargos correspondientes de las gestiones donde han administrado los montos económicos y obviamente se está pidiendo las garantías correspondientes para todos los afiliados”, dijo el asesor jurídico de transportistas de base, Frank Campero.

El abogado asegura  que la Federación Departamental 1° de Mayo al haber firmado un contrato con el Estado y no tener las cuentas claras de los manejos económicos, se rigen bajo la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.

El presunto mal manejo de dinero corresponde al monto recaudado por el cobro (20 centavos ) a los vehículos de transporte sindicalizados en el peaje de la Autopista La Paz-El Alto, para el Fondo Prosalud de los choferes, fruto de un acuerdo entre la Federación y Vías Bolivia, vigente desde agosto de 2008.

“Los choferes de base están cansados se escuchar informes generales y ahora pediremos informes incluso con auditorías externas para que se sepa dónde fue todo este dinero”, aclaró el secretario general del sindicato Eduardo Abaroa, Lucio Quispe.

Quispe asegura que como transportistas de base lo único que hicieron es pedir un ampliado de rendición de cuentas, sin embargo ante ello recibieron amenazas de expulsión y los dirigentes cuestionados distorsionaron la información acusándolos de que su acción respondía a  intereses en los cargos de la dirigencia.

La pasada jornada tras un masivo cabildo en la plaza San Francisco de La Paz, los transportistas de base resolvieron desconocer a los dirigentes federados, iniciar un proceso penal y pedir auditoría externa a los recursos que se recaudaron por sus aportes al Fondo Prosalud, que suman 15 millones de bolivianos, esto luego del escándalo por depósitos millonarios a la dirigencia.